Secuestraron, torturaron, asesinaron, desaparecieron a personas, se apropiaron de menores de edad. Y están prófugos.
Son 25 represores acusados de crímenes de lesa humanidad en Argentina y por los que se ofrecen recompensas de entre 500.000 y un millón de pesos (de 5.600 a 11.000 dólares aproximadamente).
Los delitos se cometieron durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), pero siguen siendo juzgados más de cuatro décadas después gracias a que son considerados imprescriptibles, es decir, que se pueden investigar sin importar el tiempo transcurrido.
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Por eso ahora, cuando se acerca el 45 aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dio a conocer los nombres de los 25 exmiembros del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, las fuerzas de Seguridad y civiles que son buscados para sentarlos en el banquillo de los acusados.
[Lesa Humanidad]
‼️Buscados: los 25 prófugos por crímenes de lesa humanidad por los que se ofrecen recompensas de hasta 1 millón de pesos.
**Accedé a la galería de imágenes de los buscados con sus datos personales en nuestra nota completa: https://t.co/IhpOuavof2
👇🏻Hilo:— Fiscales (@FiscalesGobAr) February 18, 2021
El organismo explicó en un comunicado que las preguntas acerca del rumbo del proceso de verdad y justicia sobre los crímenes del terrorismo de Estado siguen teniendo eje en el destino de las y los desaparecidos, y las y los niños robados, así como en la profundización de diferentes aspectos relacionados con todos los delitos cometidos.
«La continuidad de esa búsqueda incluye la necesidad de localizar a presuntos responsables que deben rendir cuentas ante el Poder Judicial. Los prófugos que buscan diferentes juzgados y fiscalías federales del país por crímenes de lesa humanidad son 25 en total, las personas que puedan suministrar datos deben comunicarse a la línea telefónica gratuita 134», señaló la institución.
En esa línea se recibe la información que forma parte del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia, que a su vez depende de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos.
¿Quiénes son?
De acuerdo con la información oficial, las causas de los 25 prófugos se tramitan en 10 jurisdicciones del país.
En Rosario, el Juzgado Federal número 4 ordenó las capturas de los expolicías César Heriberto Peralta y Antonio Tuttolomundo; los civiles Carlos Gabriel Jesús Isach y Eduardo Rebechi, y los exmiembros del Ejército Miguel Ángel Vera y Gustavo Francisco Bueno.
Por otra parte, juzgados de Mendoza buscan a los exmiembros del Ejército Jorge Gallo Linares, Alberto Horacio Silva Julita, José Luis Piedra y Héctor Adán Giménez y al expolicía Alejandro Vicente Michelutti
En Bahía Blanca son buscados los exintegrantes del Ejército Carlos Alberto Arroyo y Miguel Ángel García Moreno, mientras que en La Plata la orden es para el ex miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense Jorge Luis García y el expolicía federal Emilio Alberto Rimoldi Fraga; y en Mar del Plata, para los ex integrantes de la Armada Horacio González Llanos y Luis Esteban Kyburg.
Los otros prófugos son el civil Fernando Federico Delgado, en San Juan; y los exmiembros del Ejército Oscar Chapur (Salta); Héctor Mario Schwab (Tucumán) y Ángel Ervino Spada (Formosa)
Por último, en la ciudad de Buenos Aires hay orden de captura por el expolicía federal Juan Carlos Linarez; el ex miembro de la Armada Jorge Vildoza; y el exmiembro de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento.
De todos ellos, las recompensas más altas de un millón de pesos se ofrecen por Kyburg, Bueno, Chapur y Vera.
Los juicios
Los prófugos forman parte de la lista de 3.448 personas que han sido imputadas en los últimos 14 años en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y de las cuales 1.013 ya fueron condenadas y 164, absueltas.
A pesar de estos avances en el proceso de justicia, un informe de la Procuraduría ya había advertido que el 70 % de las sentencias espera revisión, ya que las etapas recursivas tienen demoras que implican que el promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de cinco años y dos meses.
Además, 638 condenados se encuentran en condiciones de arresto domiciliario, mientras que solo 225 cumplen sus penas en cárceles comunes o establecimientos especiales, como el excomplejo militar Campo de Mayo, en donde una de las zonas se adaptó como prisión exclusiva para represores.
Los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y sus familiares han denunciado de manera reiterada que las postergaciones de los juicios y de las sentencias definitivas obstaculiza la justicia, ya que, por su avanzada edad, muchos de ellos mueren sin haber sido condenados.
El informe confirma estas acusaciones, ya que revela que en estos 14 años de procesos han muerto 904 de los acusados, 692 de ellos antes de haber recibido una sentencia.
Actualmente hay 373 causas que todavía no tienen sentencia, 18 están en etapa de debate; 75 están elevadas a juicio y solo dos de ellas tienen fecha de inicio para 2021.
Del resto de las causas, unas 280 apenas se encuentran en etapa de instrucción, por lo que ni siquiera tienen fecha para llegar a un tribunal, mientras que solo en 22 se dispuso elevación o requerimiento de juicio.
RT
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