La abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, el respeto a la propiedad privada y libre sindicalización, son el común denominador del acuerdo que firmaron los maestros urbanos, los productores de coca de los Yungas y los médicos.
El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Armin Lluta, informó que se suman al paro de los médicos exigiendo que la norma sea abrogada porque atenta contra la prestación de salud a la población. Además, exigen que se respete la libre sindicalización y no se impongan a los dirigentes.
«Nosotros hemos firmado un acuerdo con el magisterio urbano, los médicos, los estudiantes porque no vamos a permitir el abuso a la Constitución Política del Estado, el atropello contra los sindicatos y la propiedad privada, el abuso contra los médicos. Vamos a ser parte de las movilizaciones para que se respeten nuestros derechos», afirmó el dirigente cocalero.
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Este domingo se cumplió el tercer día del paro indefinido de los médicos, que está conformado por los establecimientos de salud del sector público, el seguro social y privado que exigen que el Gobierno abrogue la Ley de Emergencia Sanitaria Nacional.
En ese contexto, el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) aseguró que el pacto frenará el atropello y maltrato del gobierno hacia ese sector.
A la vez, anunció que en los próximos días masificarán sus medidas de presión en rechazo a la cuestionada norma. Objetó las declaraciones de las autoridades de Gobierno que afirman que la movilización es política.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, restó importancia a la movilización del sector salud afirmó que fue un fracaso porque el 69% de los centros hospitalarios están atendiendo con normalidad. Aseguró que sólo es una maniobra para desestabilizar al Gobierno central.
En ese marco, el dirigente del magisterio urbano de La Paz, José Luis Álvarez, exigió mayor inversión en educación y en salud para garantizar los derechos de los bolivianos.
Con relación a Adepcoca, existe una orden judicial contra su dirigente Armin Lluta para que entregue el mercado de coca legal de Villa Fátima a Elena Flores, afín al MAS.
ANF
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