El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó que tiene planificado reuniones con representantes del Banco Central de Bolivia (BCB) para identificar responsables del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) que generó un daño económico al Estado de $us 24,3 millones.
El Banco Central de Bolivia dio a conocer el 17 de febrero que realizó la devolución de $us 346,7 millones al FMI, préstamo gestionado por el régimen de Jeanine Áñez y que fue considerado irregular.
El crédito generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado, que a febrero de 2021 sumaron $us 24,3 millones, de los cuales 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses.
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“Se ha tomado en cuenta esto y se van a tener reuniones con el Banco Central (de Bolivia) para identificar a los responsables de ese grave daño al país, por tomar un crédito rompiendo las normas constitucionales que establecen que los préstamos se realizan a través de ley y no de decretos supremos”, indicó el Procurador General del Estado.
El análisis realizado por el BCB también determinó que el denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI condicionó a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias, incumpliendo con lo establecido en los artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado.
“Hemos restablecido la ley y el orden. Había que devolver ese crédito que aparte era sometimiento al Fondo Monetario Internacional y a la intromisión”, indició Chávez.
El Artículo 322 de la Constitución determina que las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades financieras que tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano.
Además, indica que la máxima autoridad de la institución de regulación de bancos y entidades financieras será designada por el Presidente del Estado, de entre una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley.
El Artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones para la realización de obras públicas y de necesidad social.
El viernes, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, aseguró que en el caso del crédito del FMI se advirtió un proceso irregular debido a que este tipo de préstamos debe contar con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que no ocurrió en el régimen de Áñez.
Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional evalúa la conformación de una comisión especial de investigación para el caso del daño económico de $us 24,3 millones generado por el crédito del FMI.
ABI
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