En el año 2020, un promedio de cuatro menores de edad desaparecieron cada día en Colombia. En total, 1.579 niños y adolescentes, el 34 % del total de desaparecidos, de los que 811 aparecieron con vida, 10 muertos y 758 siguen aún en paradero desconocido, según los datos anunciados por el Instituto Nacional de Medicina Legal del país.
A pesar de la brutalidad de las cifras, 2020 fue algo mejor que los años que le precedieron. Así, en 2019 hubo 2.392 menores desaparecidos y en 2018 se registró una cifra muy similar, de 2.368. El descenso del año pasado, sin embargo, no responde a las medidas tomadas por las autoridades para frenar esta lacra, sino a la situación de excepción generada por la pandemia de coronavirus, incluyendo el aislamiento domiciliario.
El mayor número de desapariciones se produce en la franja de edad de entre los 10 y los 17 años y las problemáticas que se encuentran detrás de estas ausencias son múltiples. En primer lugar, las instituciones investigan el entorno familiar para determinar si existe violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual o cualquier otro factor que pudiera estar detrás de la desaparición voluntaria o involuntaria del menor.
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Pero en el contexto del país, otros muchos elementos deben tenerse en cuenta, como son la existencia de reclutamiento forzoso por parte de actores armados, la trata de personas para fines sexuales e, incluso, para el tráfico de órganos.
Para intentar frenar esta problemática, en 2020 el Gobierno colombiano publicó el ‘Protocolo de Alerta urgente para la búsqueda, localización y recuperación de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos’, con la finalidad de dar una respuesta institucional coordinada a nivel nacional.
Las organizaciones denuncian falta de interés
Esta alerta se basa en el sistema AMBER, nacido en EE.UU., que consiste en un sistema de difusión de la información para recuperar a los menores desaparecidos transmitiendo la alarma a través de múltiples canales.
Según los datos que recoge ese Protocolo, en 2019 se registró un reporte diario promedio de seis a siete desapariciones. Casi la mitad se hicieron en Bogotá D.C. (47,4 %), seguido del departamento del Valle del Cauca (9,7 %), Caldas (6,5 %), Antioquia (5,9 %) y Risaralda (4,8 %).
Las organizaciones involucradas en la erradicación de esta lacra sostienen que el mayor obstáculo es la ausencia absoluta de interés en la investigación y en la búsqueda, así como la falta de aplicación efectiva de las normas existentes.
«Necesitamos un sistema más fuerte, un sistema más efectivo y más exigente que nos permita que esas normas se apliquen y que se dé respuesta a los familiares, que son los que viven la incertidumbre y la angustia de no saber dónde están sus seres queridos», sostiene Andrea Torres, coordinadora del área jurídica de la Fundación Nydia Erika Bautista.
RT
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