La Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó ayer 6.965 muertes globales por COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 10 de noviembre de 2020, último día en el que se registraron menos de 7.000 fallecimientos diarios.
A finales del pasado mes de enero se alcanzaron cifras récord de más de 16.000 muertes diarias en el planeta, y el acumulado desde el inicio de la pandemia suma 2.47 millones de fallecidos (un 2.2% de los 111 millones de casos confirmados de COVID-19).
América es la región donde se han registrado más muertes por COVID-19 (1.1 millones), seguida de Europa (848.000), el sur de Asia (205.000), Oriente Medio (142.000), África (71.000) y Asia Oriental (28.000).
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Por países, Estados Unidos ha comunicado, según la OMS, 496.000 muertes (aunque otras fuentes ya sitúan la cifra por encima del medio millón), Brasil 247.000, México 180.000, India 156.000 y Reino Unido 121.000.
VACUNA
Por otra parte, las redes sanitarias nacionales muestran que se han administrado ya en el mundo más de 216 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, entre ellas 65 millones en Estados Unidos, 40 millones en China, 28 millones en la Unión Europea (UE) y 18 millones en el Reino Unido. La ONG denunció ayer que los países, especialmente los más pobres, son “rehenes” de farmacéuticas, que imponen precios, plazos de entrega de dosis y hasta exigen inmunidad legal.
«Muchos gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, están a merced de las compañías farmacéuticas, y se ven obligados a aceptar cualquier condición», lamentó al respecto el coordinador de la Campaña de Acceso a Medicamentos Esenciales de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Brasil, Felipe De Carvalho.
La abogada de derechos humanos Fatima Hassan, de la Iniciativa para una Justicia Sanitaria, agregó que estos países «tienen que aceptar una distribución limitada, una escasez creada artificialmente, pagar los precios que les pidan y encima de eso permiten el secretismo y acuerdos que eximen de responsabilidad».
De Carvalho subrayó que esta situación ha provocado que en países como Brasil o México se hayan tenido que interrumpir las campañas de vacunación por falta de dosis, que el Gobierno brasileño haya pagado precios más altos que sus homólogos europeos por las vacunas de AstraZeneca, o que las farmacéuticas hayan pedido a Argentina cambiar sus leyes a cambio de distribuir sus vacunas.
Esto, advirtieron, está dándose en regiones que tienen algunas de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del planeta, como Latinoamérica o África, donde muchas redes sanitarias y hospitales están en colapso y muchos trabajadores del sector, exhaustos, no tienen perspectiva de poder ser vacunados a corto plazo.
Los activistas dibujaron este negro panorama para defender que se apruebe en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) una iniciativa presentada por la India y Sudáfrica para que se suspendan las patentes de vacunas y otros productos para luchar contra la COVID-19, con el fin de que puedan fabricarse libremente. La iniciativa, que se debatirá nuevamente en la OMC la próxima semana, es apoyada por muchos países en desarrollo, pero encuentra la oposición de las economías donde tienen su sede muchas de las grandes farmacéuticas (Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Japón, Suiza, etc.).
«No entendemos por qué debe haber un monopolio en productos necesitados globalmente, por qué limitar la distribución de vacunas, y por qué tecnologías fundamentales deben estar en régimen de exclusividad», señaló De Carvalho en la rueda de prensa.
EFE
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