La Gobernación de Santa Cruz presentó ayer una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en contra de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por la confiscación de 47,9 millones de bolivianos.
Esa cartera de Estado informó que procedió al débito automático ante el incumplimiento de la Gobernación en la contraparte correspondiente para la ejecución de la carretera El Espino-Charagua-Boyuibe. Tras el débito, los recursos pasaron a las cuentas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
La secretaria general del ente departamental, Cinthia Asín, informó que se ejecutó el débito confiscando los recursos propios de la Gobernación, mismos que estaban comprometidos y destinados a obras y proyectos, además de compras de insumos hospitalarios como respiradores y vacunas contra el coronavirus.
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Afirmó que la Gobernación cumplió sus obligaciones de acuerdo al convenio suscrito con la ABC, en el que se comprometió a asumir la contraparte local del proyecto. Sin embargo, dijo que el convenio establece que los recursos para la contraparte saldrían del fideicomiso suscrito con el Gobierno central y que los fondos debían ser entregados a la Gobernación en calidad de préstamo.
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