Este miércoles, el conflicto por el control del mercado de la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) de los Yungas cumple 23 días y no se vislumbra una salida. Por el contrario, los dos frentes en disputa radicalizaron sus posiciones y mantienen su batalla en Kalajahuira, donde los vecinos reaccionaron molestos por las constantes peleas y la intervención policial con agentes químicos.
Ayer, la junta vecinal envió una carta a la dirigente cocalera Elena Flores exigiendo el cumplimiento de la resolución adoptada en una asamblea hace una semana, que dispone el retiro inmediato del mercado de coca instalado en la sede del Sindicato de Transportistas Señor de Mayo, núcleo de la batalla.
“Se exige el desalojo inmediato de Adepcoca de las instalaciones de transportes Señor de Mayo”, se lee en la misiva, en la que los vecinos aclaran además que no están a favor ni en contra de ninguno de los frentes en disputa, pero que no pueden permitir que se dilate esta decisión, para evitar que los habitantes de la zona sigan sufriendo las consecuencias de las peleas.
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Exigen además el resarcimiento de los daños causados a las viviendas y vehículos en la zona y anuncian que acudirán “a los estratos que correspondan” para hacer cumplir esta determinación.
Los cocaleros del bloque que conduce el dirigente Armin Lluta se movilizan desde el 15 de marzo exigiendo que el Gobierno revierta la resolución ministerial 068 que benefició al grupo de Flores, disponiendo el traslado del mercado de coca, de Villa Fátima a la sede de los transportistas, en Kalajahuira. Primero realizaron bloqueos en la carretera a Yungas, luego marchas en La Paz y finalmente optaron por el cerco al mercado “paralelo”.
Flores ratificó ayer que se mantendrán en Kalajahuira y, por segunda vez, rechazó una invitación a diálogo promovida por senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos Félix Ajpi. “Nosotros, teniendo la legalidad, no podemos ir a sentarnos con los ilegales”, justificó. La primera invitación fue para el lunes y sólo asistió el bloque de Lluta.
La segunda es para el jueves a las 14:00 y, según Ajpi, Lluta expresó su disposición de iniciar el proceso con la mediación de instituciones como la Iglesia y la Defensoría del Pueblo.
Flores planteó como salida al conflicto una nueva elección a la que dijo que su directorio convocará en las próximas semanas, pero el frente de Lluta rechaza esa idea porque consideran que sería admitir la legalidad de una dirigencia que consideran ilegal.
Por el contrario, Lluta ratificó que la solución pasa por anular la resolución ministerial 068. “No vamos a parar con las movilizaciones; vamos a cercar ese mercado ilegal hasta que el Gobierno elimine esa resolución que está enfrentando a los productores de la hoja de coca”, anunció.
Dijo además que está abierto al diálogo por decisión de sus bases, aunque hasta el momento los esfuerzos en ese sentido no hayan dado resultados.
Contó que en la reunión que sostuvo con los senadores del MAS, éstos se comprometieron a transmitir sus preocupaciones al presidente Luis Arce.
Posiciones
- Elena Flores El grupo encabezado por esta dirigente considera que la elección de Armin Lluta fue ilegal y esgrime como respaldo un fallo de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz que dispuso que ella concluya su gestión dirigencial. Fue elegida en julio de 2019, cuando el entonces presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, permanecía recluido.
- Armin Lluta El bloque encabezado por Lluta desconoce la elección de Elena Flores porque se realizó cuando Gutiérrez aún cumplía su gestión. Consideran que ésa fue una maniobra del MAS, en su afán de controlar la entidad cocalera. Armin Lluta fue elegido el 14 de diciembre de 2020 en una asamblea realizada en puertas de Adepcoca, en Villa Fátima.
Fuente: PÁGINA SIETE.
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