La renuncia de Aníbal Torres a la presidencia del Consejo de Ministros dejó la incógnita que había decidido dar un paso al costa porque el Congreso de la República le negó la cuestión de confianza.
Esa misma noche, el presidente Pedro Castillo ofreció un mensaje a la Nación para indicar que ante la negativa del Parlamento de otorgar la confianza, renovaría el gabinete, algo que hizo completamente el viernes por la noche con la asunción de Betssy Chávez como cabeza de la PCM.
El titular del Congreso, José Williams Zapata, adelantó que se tomarán las medidas legales correspondientes. Por ello, este sábado en la tarde se convocó a una sesión en el Pleno para evaluar una probable denuncia competencial contra el jefe de Estado por utilizar la figura de “denegación fáctica” de la confianza.
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Infobae consultó con tres abogados constitucionalistas, quienes afirmaron que el Gobierno no puede interpretar las decisiones que se tomen desde el Parlamento, ya que el Congreso debe aclarar al mandatario cuál ha sido la acción dentro de sus facultades que han tomado.
“Esto puede llevar a que se le denuncie constitucionalmente tanto al presidente de la República como a los ministros que están respaldando esta postura porque la Ley 313355, que es validada por el Tribunal Constitucional como el reglamento del Congreso, establece que no se puede interpretar como un rechazo a la cuestión de confianza la declaratoria de su improcedencia, que es lo que ha pasado. El Pleno del Congreso no se ha pronunciado y el único que puede rechazar la cuestión de confianza es precisamente el Parlamento; la Mesa Directiva vio que hay vicios que que llevan a declarar la improcedencia de la cuestión de confianza, pero no han entrado a analizar el fondo de la misma”, detalló el abogado constitucionalista Erick Urbina.
Aníbal Torres renunció a la presidencia del Consejo de Ministros.Para el Ejecutivo, la postura es que se les ha denegado la confianza, por lo tanto la denominada “bala de plata” ya ha sido utilizada por el Congreso de la República y en una próxima ocasión cuando la nueva premier Chávez Chino solicite el voto de confianza ante el Parlamento y este se lo niegue, Pedro Castillo podría entender que el cierre del Poder Legislativa sería un procedimiento plenamente constitucional.
“No está facultado para hacerlo (el cierre del Congreso). Si es que lo hace estaría cometiendo una infracción constitucional que lo llevaría a su destitución inmediata en atención al artículo 117 de la Constitución. Asimismo, podrían incluso iniciarse acciones penales, respecto a quienes respalden la posición y obviamente a las fuerzas del orden que lo acompañen. Es inconstitucional disolver el Congreso”, argumentó.
“El único que interpreta si la confianza ha sido aprobada o rechazada es el Congreso, no es el presidente de la República ni el primer ministro. El Congreso rechazó la confianza, según declaró José Williams. Lo declaró improcedente lo cual es distinto, pero no hay un rechazo. Si el presidente se toma esa atribución estaría ante el delito de abuso de autoridad y usurpación de funciones”, complementó el abogado.
Del mismo modo, el abogado constitucionalista Carlos Hakansson sostuvo que el Gobierno desde un primer momento tenía planeado que se les deniegue la confianza y estaría interpretándolo como una negativa fáctica.
Subrayó que la figura que se contempla desde el Ejecutivo es errónea porque la solicitud de Aníbal Torres no fue debatido, por lo que no hay ninguna negativa.
Por su parte, el constitucionalista Edward Dyer del Grupo Valentín explicó que la solicitud para la cuestión de confianza de Aníbal Torres fue declarada improcedente y esta tuvo que haber pasado por la Comisión de Constitución del Congreso. Agregó que con una investigación más profunda se podía reafirmar que no cabía la admisión a dicha petición, pero debido a que el proyecto de ley fue promovida por el Ejecutivo no forma parte de las políticas de gobierno de la actual gestión.
Finalmente, el letrado añadió que después de la declinación de la solicitud de la cuestión de confianza lo que debió proceder luego fue una acción competencial para que fuercen al Congreso a debatir la derogación de la ley formulada desde el Parlamento.
Infobae
