Comerciantes mayoristas, banqueros, constructores y mineros son algunos de los potenciales grupos económicos que se perfilan para ser gravados por el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) que aplicará el gobierno de Luis Arce.
“Entre las personas que van a ser sujetas al impuesto van a estar las que tienen vínculos con la banca, las que tienen intereses en bienes raíces y construcción, importadores y comerciantes y otros sectores relacionados con el comercio ilegal y que hayan logrado lavar su dinero en actividades lícitas”, explicó el analista económico Alberto Bonadona.
La estimación del experto se basa en la estructura económica del país, que da relevancia al comercio, la construcción y la minería en su tejido económico.
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El analista financiero Jaime Dunn indicó que es difícil determinar en qué sectores estarán las personas naturales sujetas al nuevo tributo, ya que aún no se estableció los parámetros de medición de las fortunas.
“Es difícil saber qué personas pagarán el tributo, principalmente porque no conocemos los parámetros que se tomarán en cuenta para medir las riquezas, sólo sabemos que el impuesto se aplicará a aquellas personas que tengan fortunas de 30 millones de bolivianos o más”, indicó.
Dunn agregó que no está claro si el Gobierno tomará en cuenta el patrimonio de las personas o sólo sus activos y de qué manera se hará la medición de éstos.
“Probablemente lo que se va a evaluar son los activos de las personas, datos de las cuentas bancarias, de los vehículos e inmuebles que tienen registrados a su nombre y a través de Fundaempresa, la participación accionaria que tienen, sin embargo, es difícil saber de qué sectores vendrán estas personas”, apuntó.
Un impuesto “simbólico”
Ambos expertos coincidieron al señalar que el IGF no tendrá un verdadero impacto en la recaudación y que el nuevo tributo tiene un carácter más “simbólico” que práctico y de utilidad.
“Es un impuesto simbólico, político; si nos fijamos en las estimaciones, el Ministro de Economía ha dicho que se espera recaudar anualmente 100 millones de bolivianos, eso es ni el 0,05% del producto interno bruto del país, no tiene sentido”, señaló Dunn.
Bonadona argumentó que la razón de ser del tributo es mostrar que Bolivia aplica mayor equidad respecto a la riqueza, aunque eso no tenga ningún peso para la economía del país.
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Otra de las fallas en el planteamiento del impuesto es que las personas que pueden ser alcanzadas son justo aquellas que tienen medios para evadirlo, mediante diversas prácticas.
“Las personas a las que se piensa gravar tienen los recursos para contratar abogados y sacar su dinero del país, para abrir cuentas y repartir esos bienes entre socios y familiares”, manifestó el analista financiero.
Dunn añadió que la ya difícil aplicación del gravamen será peor por esas artimañas.
El impuesto aplica para fortunas mayores a los Bs 30 millones
Si bien aún no se conoce el proyecto de ley del nuevo tributo que presentará el Gobierno a la Asamblea, en días pasados autoridades adelantaron algunos de los puntos más relevantes del Impuesto a las Grandes Fortunas.
La anterior semana, mediante una publicación de Facebook, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que el IGF se aplicará de forma gradual a todas las personas que tienen más de 30 millones de bolivianos por año.
Apuntó que la alícuota de este impuesto estará determinada por el volumen de riqueza de los contribuyentes.
Quienes tengan de 30 millones de bolivianos a 40 millones, pagarán una alícuota anual del 1,4%; de 40 millones de bolivianos a 50 millones, una alícuota de 1,9%, y de 50 millones de bolivianos en adelante, una alícuota del 2,4%.
La anterior semana, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, indicó que hay al menos 150 personas en todo el país a quienes alcanzará ese gravamen y manifestó que se espera que la recaudación anual del tributo sea de 100 millones de bolivianos.
Al respecto, el economista Mauricio Ríos señaló en un artículo que el tributo podría tener efectos negativos, como ahuyentar a los grandes capitales del exterior, la descapitalización de las empresas cuya única alternativa sea quedarse en el país, el incremento de la informalidad y del subempleo, entre otros.
Página Siete
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