La Procuraduría General del Estado tomará parte en los procesos que se lleven adelante en dos casos calificados de daño al país: el deterioro causado a la planta de urea de Bulo Bulo (la quema de una turbina) y la modificación del contrato de venta de gas a Brasil; ambos hechos tuvieron lugar en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
“Dos casos de YPFB, la quema de la turbina que ha ocurrido en la planta de urea, lo que cuesta aproximadamente 20 millones de dólares; es un caso en el que vamos a intervenir ya. Un segundo caso es la renovación del contrato (de venta de gas) con Brasil, lo que ocasiona un gran hueco económico al país”, informó este lunes en Bolivia Tv el procurador Wilfredo Chávez.
El 15 de diciembre, en entrevista con La Razón, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, reveló que reponer la turbina de la Planta de Amoniaco y Urea (PAU), quemada por una “persona inexperta” que entró a trabajar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante la administración transitoria de Jeanine Áñez, le costará a la petrolera estatal entre $us 20 millones y 30 millones.
“Puedes criticar la Planta de Urea (y decir que) no debería estar dónde está, pero ya generaba plata, ya generaba recursos. Qué hizo la administración de la presidenta Añez, ha metido una persona inexperta, con personal que ha quemado la turbina”, subrayó Montenegro en la entrevista.
Confirmó además que YPFB perdió el seguro, porque personal que no estaba capacitado quiso arreglar el equipo. “La han querido arreglar y han perdido el seguro, ellos no lo han perdido; nosotros como bolivianos hemos perdido el seguro. Y no solamente es un tema de plata, de reponer la turbina, que cuesta aproximadamente entre 20 y 30 millones (de dólares), hay un tiempo de implementación de la reparación”, lamentó el ministro.
En relación a la modificación del contrato de venta de gas a Brasil, en agosto de este año La Razón informó que la tras la firma de la octava adenda al contrato de compraventa de gas natural suscrito entre YPFB y Petrobras, la petrolera estatal boliviana dejó de percibir mensualmente unos $us 5,34 millones por el transporte del energético entre Río Grande y Puerto Suárez (Mutún), en la frontera con Brasil, costo que antes de la firma del nuevo convenio lo pagaba la petrolera brasileña.
Desde Río Grande hasta el Mutún la longitud del ducto es de 570 kilómetros. Antes de la firma del nuevo acuerdo el punto de entrega del gas boliviano era Río Grande. Ahora, con la octava adenda, el punto de entrega se lo ha cambiado al Mutún, en la frontera con Brasil, describía el hecho entonces este medio según un documento al que tuvo acceso.
Si en un mes la afectación económica al país era por unos $us 5,4 millones, hasta fin de año, las pérdidas para YPFB ascenderían a $us 52,5 millones.
La Ley 064, de La Procuraduría General del Estado, del 5 de diciembre de 2010, define su naturaleza como la “institución de representación jurídica pública que tiene como finalidad promover, defender y precautelar los intereses del Estado”.
De las 16 funciones que la Ley 064 le da a la Procuraduría, destacan al menos tres que en que se podrían enmarcar los dos referidos casos de daño económico al Estado:
La función 3: “Supervisar y evaluar el ejercicio de las acciones jurídicas y de defensa que realizan las unidades jurídicas de la Administración Pública, en todas sus instancias y niveles, únicamente respecto a los temas de su competencia”.
La función 10: “Coordinar acciones conjuntas con la Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado y Ministerio de Justicia, para la defensa oportuna de los intereses del Estado”. La función 16: “Dictaminar sobre la legalidad de contratos nacionales y extranjeros de las entidades públicas, cuya consulta haya sido solicitada por algún Órgano del Estado”.
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