La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), mediante una carta abierta a la presidenta Jeanine Añez, plantea una serie de medidas en favor del sector constructor, las cuales van desde paralizar los procesos de licitación nuevos y priorizar los pagos a las empresas con las que se tienen deudas pendientes, hasta congelar el salario mínimo y no realizar un incremento salarial para este año.
“Con la problemática existente a partir de octubre de 2019 y la pandemia que se enfrenta actualmente, el sector tiene y tendrá mayores problemas -de los que se han estado anunciando desde mediados del mes de febrero de 2020- por lo cual sugerimos a la señora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, tomar en cuenta algunas políticas públicas que deben ser lanzadas inmediatamente con la finalidad de que se apoye al sector que tiene una cadena productiva extensa que inicia desde el proveedor de insumos y materiales, contratistas y mano de obra, que entre todos pasan las 500 mil personas que viven de la construcción”, señala la carta abierta.
Entre las demandas del sector constructor se pueden citar las siguientes: Priorizar la cancelación de todas las planillas de avance de obra de proyectos concluidos y en ejecución que en muchos de los casos excede de los 7 meses, no llevar adelante procesos de licitación para la contratación de ejecución de nuevas obras, con la finalidad de que los recursos sean redistribuidos a las planillas impagadas que tiene el sector, reglamentar por medio de un Decreto Supremo, que las planillas de avance de obra deben ser, de manera obligatoria, canceladas al mes de la entrega de la misma por parte del contratista, establecer, aprobar y desembolsar un fideicomiso para que todas las entidades contratantes puedan honrar sus deudas de las planillas de los proyectos ya concluidos.
Asimismo, Caboco solicita que se determine que la paralización de obras públicas a nivel nacional, no tenga ninguna sanción y se determine al mismo tiempo que los cronogramas de ejecución de obras deberán ser obligatoriamente ajustados de acuerdo al tiempo que se tuvo la emergencia nacional.
En el caso de la administración tributaria, los constructores proponen prorrogar el vencimiento de pago y el cumplimiento de la presentación de formularios y del vencimiento de pago de impuestos que paga el sector y de las facilidades de pago de cuyos vencimientos correspondan a las cuotas de 31 de marzo, 30 de abril y 29 de mayo de 2020.
Respecto a las deudas con el sistema financiero, indican que se deben establecer nuevas fechas de vencimiento de los créditos sin incrementar los intereses por al menos 180 días, ajustar los créditos por un año, con un interés máximo del 5% de los créditos productivos brindados a la construcción, instruir a la Banca por parte de todos los contratantes de obras públicas, la inmediata liberación de boletas de garantía, en obras que ya han sido entregadas y cuentan con su acta de entrega definitiva.
“También se debe garantizar el pronto trabajo de las Empresas Nacionales en la ejecución de obras públicas y su fortalecimiento, mediante la creación de mecanismos como la flexibilización de garantías, exigencias de experiencias y otros obligatorios en toda forma de contratación, a nivel nacional y sub-nacional, para la participación y generación de empleo a las empresas nacionales, así como la generación de ítems relacionados a la seguridad y salud en la construcción de acuerdo a la ley 545”, señala la carta.
Otras propuestas de medidas son: En relación a la Seguridad Social a Corto y Largo Plazo, determinar que en tanto el País se encuentre en estado de emergencia, las obligaciones pendientes y las que están por cumplirse, serán reprogramadas posterior al levantamiento de las medidas de seguridad de salud a nivel nacional, aspecto que no deberá influir en la falta de atención a los ciudadanos asegurados.
Por otra parte, instruir a los Gobiernos Municipales a nivel nacional, que actualmente se encuentran en el periodo de recaudación tributaria por bienes inmuebles y vehículos, ajustar sus tiempos de pagos de acuerdo a la duración de la emergencia nacional, sin considerar interés o multas por el no pago oportuno, pudiendo reprogramar sus plazos hasta 90 días a partir de que se levente la emergencia de salud.
Por último, señala Caboco, “solicitamos que para la presente gestión se congele el salario mínimo nacional y no exista un incremento al haber básico en virtud a la inestabilidad económica que se ha sufrido en nuestro país”.
“Reiteramos, que el sector de la construcción apoya las determinaciones del Gobierno Nacional, pero también solicitamos se de atención a las demandas descritas, ya que la economía del empresariado nacional constructor es débil y de no tomarse en cuenta las sugerencias, llegaría un momento de colapso que perjudicara aún más a la economía nacional”, concluye la carta
Página Siete
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