La disposición final quinta del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 busca obligar a las empresas eléctricas a transferir el 5% de sus ventas para la Renta Dignidad. Expertos advierten que el Gobierno recurre a estas empresas estatales para financiar el pago de este beneficio ante la caída del IDH y las utilidades de las empresas estatales.
“Las Empresas Eléctricas del Sistema Interconectado Nacional de Transmisión de la cadena del Sector de la Industria Eléctrica deberán transferir mensualmente al Tesoro General de la Nación (TGN) el 5% de los recursos percibidos por las ventas de servicios de transmisión, para el financiamiento del Fondo de la Renta Universal de la Vejez (FRUV)”, detalla el proyecto.
El FRUV recibe recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), dividendos de las empresas capitalizadas y nacionalizadas, y los rendimientos de sus inversiones con los cuales debería garantizar el pago de la Renta Dignidad.
Este pago nació en 2008 con 752 mil beneficiarios y 1.615 millones de bolivianos. Ese año, los mayores de 60 años recibían 1.800 bolivianos al año si eran rentistas y 2.400 si no percibían ningún tipo de jubilación. En 14 años, el Gobierno del MAS aprobó cuatro leyes que subieron los montos a 4.550 bolivianos a los no rentistas y 3.900 a los rentistas.
Según datos de la Autoridad de Pensiones, el monto a pagar se multiplicó por tres en la última década. El año pasado se erogó 4.238 millones de bolivianos. Según el PGE 2022, este año subirá a 5.834 millones y el 2023 a 6.424 millones para 1,2 millones de beneficiarios.
Mientras las cifras y montos de los beneficiarios de la Renta Dignidad van en aumento, las recaudaciones por el IDH no se recuperan. En 2018, según el PGE 2023, este impuesto llegó a 7.636 millones de bolivianos y continuó bajando hasta que en 2021 alcanzó a 5.445 millones. El Gobierno espera una recuperación para el siguiente año y llegar a 6.275 millones.
El economista Julio Linares advirtió que las empresas estatales “nunca” tuvieron las utilidades para hacer sostenibles estos bonos. “Crearon bonos sociales sin financiamiento sostenible. Por ello, a empresas que fueron históricamente deficitarias, como Mi Teleférico, se les obligó a dar 400 millones de bolivianos para el Juancito Pinto”. Incluso advirtió que esta medida podría afectar a las empresas de electricidad porque les obliga a pagar el 5% de sus ventas y no utilidades.
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Porcel calificó la medida como “desesperada” porque el Gobierno no tiene dinero. “Las empresas no están generando recursos como sucedía antes, la población beneficiaria fue incrementando y hay que atender este tipo de necesidades. Esto se convierte en un estrangulamiento en las finanzas del Estado”.
El legislador, además, advirtió que los ingresos del Gobierno en el PGE 2023 se sustentan en subir la presión tributaria. “Los impuestos representan el 21% de los ingresos de la administración pública y es una cifra elevada. Tenemos una economía altamente informal y esta presión tributaria va a recaer en la economía formal que está siendo atacada por el contrabando. Ello va a derivar en la reducción de personal y mayor desempleo”.
Gabriel Espinoza, experto en economía, advirtió que esta medida tiene que ver con la necesidad de financiar estos bonos “sin un respaldo adecuado”. “Usualmente, estos bonos cuando son recurrentes y están correctamente diseñados tienen una fuente de financiamiento sostenible. Sin embargo, en los últimos años el Gobierno recurrió a créditos y utilidades no ejecutadas. Saltó de empresa a empresa y este año deben recurrir a ENDE”, afirmó.
El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, advirtió que la Renta Dignidad debería ser financiada con las utilidades de las empresas estatales y del IDH, pero estas cayeron o no tuvieron utilidades en los pasados años. “Incluso, hay varias firmas que tienen déficit operativos. Ahora buscan que se haga una transferencia directa enmarcada en la ley y ENDE es una de las empresas estatales más rentables”.
Además, teme que este impuesto pueda encarecer aún más el costo de la energía eléctrica. “En Tarija, por ejemplo, la energía nos la venden muy cara y buscan alternativas no convencionales para seguir dotando de recursos a sus políticas sociales. Además, esta medida la aplican ante la imposibilidad de incrementar la deuda pública y en un escenario que las RIN están en niveles bajos”.
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Tomado de Página Siete
