Autoridades estadounidenses que le siguen la pista desde hace meses tienen certeza de que el pandillero salvadoreño Élmer Canales Rivera, alias Crook y uno de los jefes más importantes de la Mara Salvatrucha, se esconde en la Colonia Santa Úrsula en la Ciudad de México, cerca del Estadio Azteca. Así lo han confirmado a Infobae un miembro de una agencia policial federal en Estados Unidos y una fuente diplomática de ese país.
Crook huyó a México luego de que el gobierno del presidente Nayib Bukele de El Salvador lo liberó a pesar de que aún cumplía una condena por homicidio y de que tenía pendientes procesos por extorsión agravada y asociaciones ilícitas. Además, cuando Bukele liberó al jefe pandillero, el 3 de junio de 2021, Estados Unidos ya había solicitado su extradición para juzgarlo en una corte de Nueva York por delitos de homicidio, narcotráfico y tráfico de armas.
Fue, de hecho, la embajada de Estados Unidos en San Salvador la primera que advirtió que Crook había sido liberado en circunstancias poco claras y pidió explicaciones al gobierno salvadoreño, las cuales los funcionarios de Bukele nunca dieron.
En mayo de 2022, el periódico El Faro publicó audios en los que se escucha a Carlos Marroquín, secretario de Reconstrucción del Tejido Social en la casa presidencial de Bukele, confesar que él había llevado a Crook hasta México. Otro líder pandillero que habló con El Faro confirmó que el gobierno de Bukele facilitó la huida de Canales Rivera. La liberación del Crook “fue un transe (arreglo) que se hizo. Imagínese cómo hicimos eso: fue puro poder del Estado. ¿Ve la chuquedad (suciedad) de cómo lo sacaron con carros del sistema?”, dijo el pandillero a los periodistas.
Luego de huir de El Salvador, con ayuda de Bukele y los suyos, Crook se instaló un tiempo en el sur de México y luego en la capital, donde desde hace meses se mueve en el sector de Santa Úrsula, al sur de la ciudad, según confirmó un agente federal estadounidense que ha seguido la pista a los criminales salvadoreños y a las negociaciones de las pandillas MS13 y Barrio 18 con el gobierno de Nayib Bukele desde que el presidente asumió su cargo en 2019. Infobae confirmó la información con un funcionario diplomático estadounidense en Washington.
La liberación de Crook ocurrió en el marco de ese pacto que Bukele negoció con los liderazgos de las dos pandillas más importantes en el país centroamericano para garantizar gobernabilidad y lograr la reducción de homicidios a cambio de, entre otras cosas, blindar a algunos de sus líderes de la extradición a los Estados Unidos, donde la corte neoyorquina los reclama para que respondan por una acusación de terrorismo y otros crímenes que el Departamento de Justicia hizo a principios de 2021.
Bukele cumplió buena parte de su trato y no solo bloqueó la extradición de algunos de esos líderes sino que, como en el caso de Élmer Canales Rivera, el Crook, los ayudó a escapar.
Durante meses, Bukele y sus funcionarios han negado las negociaciones con las pandillas y, por medio de su aparato de propaganda, han intentado esparcir la narrativa de que las investigaciones periodísticas que han revelado detalles del pacto son mentiras publicadas por lo que ellos llaman medios opositores. Lo que no suelen decir los representantes del presidente salvadoreño es que la instancia que ha investigado y confirmado ese pacto es el gobierno de los Estados Unidos.
En septiembre de 2022, la embajada de El Salvador en Washington incluso mintió a miembros del Congreso de los Estados Unidos que dirigieron una audiencia en la Cámara de Representantes para escuchar sobre el régimen de excepción que el gobierno Bukele instaudró en El Salvador en marzo del año pasado. En los textos de presentación de la audiencia, los congresistas se refirieron al pacto de Bukele con las pandillas e invitaron a los testigos convocados a abordar el tema.
El 9 de septiembre de 2022, unos días antes de la audiencia, un diplomático adscrito a la embajada salvadoreña escribió esto al congresista republicano Christopher Smith, uno de los que estarían presentes en la audiencia sobre El Salvador: “Se establece que el 27 de marzo de 2022 la explosión de violencia fue causada ‘según se reporta por la ruptura de negociaciones entre el gobierno de El Salvador y líderes pandilleros’. Aparentemente, la principal fuente de esa información es el reporte de un periódico digital”.
Bukele y los suyos saben, sin embargo, que agentes federales de Estados Unidos investigan el pacto con las pandillas al menos desde 2019, y que la embajada estadounidense en San Salvador estaba enterada de esas investigaciones y de las pruebas recabadas por miembros de la Agencia de Control Antidrogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en El Salvador que confirmaban el trato con los pandilleros. El gobierno de El Salvador sabe, también, que su similar en Washington creó una fuerza de tarea a la que llamaron Vulcano para continuar con esas investigaciones luego de que Bukele impuso a un fiscal general afín para, entre otras cosas, evitar que la fiscalía salvadoreña ahondara en las investigaciones sobre el pacto.
Ha sido el grupo Vulcano, según confirmó uno de los agentes federales consultados, el que ha dado seguimiento a la huida de líderes pandilleros salvadoreños hacia México, y el que se ha mantenido al tanto del paradero de Crook.
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En septiembre de 2022, apoyado en las investigaciones de Vulcano, el Departamento de Justicia hizo una nueva acusación en una corte de Nueva York contra los pandilleros de El Salvador, en la que ahonda en detalles sobre las negociaciones de Bukele con la MS13 y el Barrio 18. Ese documento ha llevado a sede judicial la versión del gobierno estadounidense sobre el pacto. En la acusación no se menciona al presidente Nayib Bukele, pero si a Marroquín, el secretario presidencial que llevó al Crook a México, y a Osiris Luna Meza, director de prisiones y otro funcionario cercano a Bukele.
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