El Parlamento de Indonesia aprobó una controvertida y largamente esperada revisión de su código penal que penaliza las relaciones sexuales extramatrimoniales tanto para los ciudadanos como para los extranjeros visitantes.
Después de la ratificación, el nuevo código penal debe ser firmado por el presidente, según el viceministro de Derecho y Derechos Humanos, Edward Hiariej.
Dijo que la nueva ley “tiene muchos reglamentos de implementación que deben elaborarse, por lo que es imposible en un año”, pero lleva un máximo de tres años la transición del antiguo código al nuevo.
Indonesia’s Parliament has unanimously passed a long-awaited and controversial revision of its penal code that criminalizes extramarital sex. https://t.co/wdudblgdsJ
— HuffPost (@HuffPost) December 6, 2022
En la nueva ley, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son castigadas con un año de cárcel y la cohabitación con seis meses, pero los cargos de adulterio deben basarse en informes policiales presentados por su cónyuge, padres o hijos.
También dice que la promoción de la anticoncepción y la blasfemia religiosa son ilegales, y restablece la prohibición de insultar a un presidente y vicepresidente en funciones, instituciones estatales e ideología nacional. Los insultos a un presidente en ejercicio deben ser denunciados por el presidente y pueden conducir a hasta tres años de cárcel.
El código mantiene que el aborto es un delito, pero añade excepciones para mujeres con condiciones médicas que pongan en peligro su vida y por violación, siempre que el feto sea menor de 12 semanas.
La nación de mayoría musulmana más grande del mundo, Indonesia, ha visto un aumento en el conservadurismo religioso en los últimos años. Ya se aplican estrictas leyes islámicas en partes del país, incluida la provincia semiautónoma de Aceh, donde el alcohol y los juegos de azar están prohibidos. También se llevan a cabo flagelaciones públicas en la región por una variedad de delitos que incluyen la homosexualidad y el adulterio.
Los cambios al código penal no solo han alarmado a los defensores de los derechos humanos, quienes advirtieron sobre su potencial para sofocar las libertades personales, sino también a los representantes de la industria de viajes, quienes se preocuparon por su posible efecto en el turismo.
La Opinión
Mira también
