Un juzgado de Filipinas condenó a 40 años de prisión (“reclusión perpetua”) a un policía por el asesinato de dos adolescentes durante los meses más sangrientos de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, en una inusual sentencia contra agentes del orden.
”Esto son buenas noticias, sobre todo para las familias de los chicos asesinados, pero hay miles de casos pendientes de investigar y la mayoría pueden quedar impunes”, explicó a EFE este martes el director de Human Rights Watch en Filipinas, Carlos Conde.
La brutal operación antinarcóticos ordenada por Duterte entre 2016 y 2022 dejó, según los cálculos de diversas oenegés, unos 27.000 muertos en el ámbito de las sangrientas redadas policiales tras cimentar un clima de impunidad durante su presidencia, aunque las autoridades solo reconocen 6.200 muertes.
La sentencia, fechada en Manila el 1 de marzo pero filtrada ayer por los medios locales, condena al policía Jeffrey Perez a 40 años de prisión por el asesinato de Reynaldo Kulot de Guzman, de 14 años, y a Carl Angelo Arnaiz (19 años) el 17 de agosto de 2017.
Además de Perez, un segundo agente involucrado, Ricky Arquilita, murió durante el proceso que llevó a la condena.
Los policías acusaron a los dos jóvenes de traficar con drogas y oponer resistencia armada y adujeron que Arnaiz había robado un taxi y disparado contra ellos cuando intentaban detenerlo, lo que se demostró falso.
El pasado 24 de noviembre, otro juzgado de Manila ya condenó a reclusión perpetua a Perez por tortura y a dos cadenas perpetuas por falsificación de pruebas.
El Código Penal filipino contempla la cadena perpetua, la prisión de por vida, y la reclusión perpetua, que es 40 años de cárcel.
Se trata del segundo juicio que condena a policías por los crímenes extrajudiciales durante la violenta campaña antidroga de Duterte.
La condena contra Perez se suma a la de tres policías que fueron hallados culpables en noviembre de 2018 del asesinato de Kyan delos Santos, de 17 años, en agosto de 2017.
Desde el Ministerio de Justicia filipino sostienen que el sistema judicial funciona correctamente, amparándose en esta tesis también el Gobierno, que impide que la Corte Penal Internacional entre al país a investigar posibles crímenes contra la humanidad durante el mandato de Duterte.
Sin embargo, Carlos Conde cree que el hecho de que esta sea solo la segunda condena contra un policía “demuestra precisamente lo contrario: la justicia en Filipinas no funciona como debería, y a esta velocidad muchos crímenes quedarán impunes”
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