La Fiscalía de Perú solicitó este miércoles a la Justicia del país andino investigar al presidente Pedro Castillo como «líder de una organización criminal» enquistada en el Estado para obtener «beneficios ilegales» de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Samuel Rojas, representante de la Fiscalía de la Nación, explicó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú los motivos por los cuales el fiscal general, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra Castillo, al responder a la demanda de «tutela de derechos» presentada por su abogado, Benji Espinoza, para que se anule este proceso.
«Es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado», a los que juró defender al asumir el cargo, para «cometer delitos de corrupción», expresó Rojas durante su exposición.
Rojas pidió a la sala que evalúe la necesidad de compatibilizar los artículos de la Constitución que señalan, por un lado, que el presidente de la República sólo puede ser investigado por traición a la patria o impedir las elecciones, mientras esté en el cargo; en tanto que, por otro, pide al Estado combatir los actos de corrupción.
Añadió que la investigación contra Castillo «no proviene de una acusación de organización civil, ni de un miembro del Congreso», sino de información «gestada en investigaciones fiscales», a raíz de las irregularidades denunciadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a las adjudicaciones de una serie de obras de infraestructura.
«Esa circunstancia hace necesaria que el Ministerio Público adopte la medida de variar el criterio, dada la gravedad de las imputaciones y los indicios que hacen que esta imputación no sea política», apuntó Rojas.
La defensa del gobernante presentó una demanda de tutela de derechos antes de que el fiscal de la Nación pueda interrogar a Castillo sobre las imputaciones que lo colocan supuestamente como el responsable de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.
Las investigaciones de la Fiscalía arrojaron evidencia sobre «la existencia de una organización criminal que maneja el Estado utilizando estas contrataciones para obtener beneficios ilegales», afirmó Rojas.
«Es el primer mandatario del Estado que está llamado a cautelar el interés nacional, quien está siendo imputado de perpetrar delitos de corrupción de funcionarios», agregó.
Varios prófugos
En esos procesos están actualmente denunciados y con orden de captura el ex ministro Juan Silva, el ex secretario de la Presidencia Bruno Pacheco y un sobrino de Castillo.
Además, la Fiscalía ha recibido los testimonios de los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde, quienes admitieron haber representado a empresas que ganaron las adjudicaciones y que han presentado audios haciendo coordinaciones con los funcionarios imputados.
El fiscal Rojas informó además que existen audios que revelaron que Villaverde entregó 30.000 soles (unos 8.000 dólares) a Silva para dárselos a Castillo, y, asimismo, que tienen indicios de que López entregó al jefe de Estado un total de 155.000 soles (unos 41.000 dólares) en el Palacio de Gobierno y en una casa que usó durante la campaña electoral.
Por su parte, el ex secretario de Castillo, Bruno Pacheco, fue imputado por desbalance patrimonial a escasos cuatro meses de asumir ese cargo y después de que la fiscalía encontrara 20.000 dólares ocultos en el baño de su oficina.
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El abogado de Castillo, Benji Espinoza, declaró que el fiscal de la Nación no es competente para investigar al presidente, pues este solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, o impedir el funcionamiento de los órganos electorales.
Espinoza añadió que Castillo ha recibido un «trato discriminatorio» porque a ningún expresidente se le ha abierto investigación mientras duró su mandato y citó los casos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), imputados por lavado de activos a raíz del escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
«Esperemos que (la sala) declare fundada mi demanda, si la Constitución defiende por igual a todos los peruanos», expresó el abogado defensor.
En forma paralela a la audiencia judicial, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar al presidente peruano como investigado, y ya no como testigo, en la pesquisa que desarrolla sobre las reuniones que sostuvo el mandatario en una casa del distrito de Breña, en Lima, donde supuestamente se encontró con los funcionarios y empresarios imputados actualmente.
Fuente: EFE
Clarín
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