La orden de arresto por crímenes de guerra, emitida este viernes por la Corte Penal Internacional (CPI), no solo estaba dirigida contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Como coacusada también está una funcionaria rusa: María Lvova-Belova.
Se trata de la comisionada del gobierno ruso para los derechos del niño, un cargo que ocupa desde octubre de 2021.
Junto a Putin, la exsenadora de 38 años enfrenta acusaciones de crímenes de guerra por la presunta deportación y transferencia ilegal de niños desde las áreas ocupadas por las fuerzas rusas en Ucrania hacia el territorio ruso, según la CPI.
El tribunal consideró que “hay motivos razonables” para considerar que Lvova-Belova tiene responsabilidad penal individual por crímenes ocurridos desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania.
Moscú niega las acusaciones de crímenes de guerra durante su “operación especial” contra el país vecino. Al no ser signatario del Estatuto de Roma de la CPI, Rusia no respondería a las peticiones de detención de Putin y Lvova-Belova.
Por el contrario, la funcionaria expresó este viernes orgullo por su labor de reubicación de menores de los territorios del este de Ucrania que Rusia considera como parte de su Estado.
“Es maravilloso que la comunidad internacional haya apreciado este trabajo para ayudar a los niños de nuestro país”, dijo Lvova-Belova a la agencia de noticias rusa Ria Novosti.
“Que no los dejemos en zonas de guerra, que los saquemos, que creemos buenas condiciones para ellos, que los rodeemos de personas cariñosas y afectuosas”.
La labor de Lvova-Belova
Cuatro meses antes del inicio de la guerra, Lvova-Belova asumió el cargo de comisionada para los derechos del niño en la oficina presidencial de la Federación Rusa.
Previamente había sido senadora por el óblast de Penza, donde nació en 1984.
Como parte de la invasión rusa, algunos niños ucranianos han sido trasladados a territorio ruso desde las regiones del este de Ucrania anexadas o en disputa tras el conflicto.
La CPI realizó investigaciones sobre las denuncias de rapto de niños por parte de las fuerzas rusas.
“Mientras estuve allí, visité una de las residencias de ancianos de las que supuestamente se llevaron a los niños, cerca de la actual línea de frente del conflicto. Los relatos de quienes habían cuidado a estos niños y sus temores sobre qué había sido de ellos subrayaron la necesidad urgente de actuar”, dijo este viernes el fiscal de la CPI Karim Ahmad Khan.
El año pasado, Lvova-Belova habló públicamente de los esfuerzos para adoctrinar a los niños ucranianos llevados a Rusia.
Y también se quejó de que algunos niños “hablaban mal del presidente [ruso], decían cosas horribles y cantaban el himno ucraniano”.
Dijo que “comenzaron a integrarse” después de ser colocados en familias adoptivas en Rusia.
“Así que sí, hay algunas cosas malas al principio, pero luego se transforman para amar a Rusia“, señaló.
También ha revelado que ella personalmente adoptó a un niño de 15 años originario de Mariúpol, una de las ciudades ucranianas tomadas durante varios meses por las fuerzas rusas tras la invasión.
De hecho, el mes pasado dijo en un evento público que era “gracias” al presidente Putin que pudo lograr la adopción.
En respuesta a las órdenes de arresto, el Kremlin dijo que no reconocía la jurisdicción de la CPI.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que cualquiera de las decisiones de la corte era “nula y sin efecto” con respecto a Rusia.
