Luisa González, candidata a Presidencia de Ecuador por el movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa, presentó este lunes (18.09.2023) formalmente ante la Fiscalía una denuncia por un presunto plan para atentar contra ella.
Ante sus simpatizantes reunidos frente a la sede central de la Fiscalía de Ecuador, González explicó que, si bien los hechos se conocieron el pasado 30 de agosto, ingresó la denuncia hoy al sentir que la investigación no ha avanzado y acusó al Gobierno y a la administración penitenciaria de poner «obstáculos» para la declaración de los sospechosos.
El caso se centra en la declaración de un hombre detenido el pasado 30 de agosto en el norte de Quito con tres granadas de guerra en su posesión que, en su primera declaración ante la Policía, dijo que eran para presuntamente atentar contra González, que tiene escolta militar tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. La prensa local ha preguntado a la Fiscalía sobre la veracidad del intento de atentado sin recibir una respuesta oficial.
NUESTRAS VIDAS ESTÁN EN RIESGO.
He presentado una denuncia en @FiscaliaEcuador para exigir la celeridad de la investigación y que comparezcan los implicados en el posible atentado contra mi vida.Esta es la impunidad que estamos viviendo como ecuatorianos ¡No más inseguridad!… pic.twitter.com/UjyCyOAJWx
— Luisa González (@LuisaGonzalezEc) September 18, 2023
«He presentado una denuncia que no sólo representa la necesidad de salvaguardar mi vida y de que se aclare este proceso y se dé con los responsables de un posible atentado contra mi vida, sino de todos los ecuatorianos, porque esta es la impunidad con la que estamos viviendo. No se esclarecen ni avanzan los procesos», afirmó González, que se enfrenta al candidato Daniel Noboa en el balotaje del próximo 15 de octubre en un proceso electoral marcado por la violencia.
La candidata correísta señaló que esa impunidad es la que deja en el país una sensación de inseguridad ante el auge de la violencia del crimen organizado, a la que las autoridades atribuyen que el país haya pasado en los últimos cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta desde que se tiene registro.
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