En México, el crimen organizado va ganando terreno a nivel local. De acuerdo con un informe del International Crisis Group (ICG), publicado este viernes (23.06.2023), 80 de los 2.500 municipios del país son considerados altamente inseguros, con niveles extremos de violencia armada y altas tasas de homicidio de hasta 83 asesinatos por 100.000 habitantes.
Sin embargo, «los municipios han sido dejados fuera de la estrategia de seguridad nacional y muchas veces también de las estrategias estatales», critica Rafael Ch Durán, analista sénior de economías de conflicto del ICG.
En entrevista con DW, señala que las redes delictivas se han fragmentado en todo México, donde se calcula que operan más de 200 grupos criminales. Estos también han diversificado su portafolio, incursionando en el robo de combustible, el tráfico humano, los productos agrícolas, la minería y el control de puertos.
De ahí que Durán insista en la necesidad de una estrategia de seguridad que se adapte a las amenazas específicas de cada estado y municipio. «Una policía militarizada y centralizada no ha sido capaz de cumplir esta misión», agrega.
«Un juego de ida y vuelta»
Grupos de macro criminalidad, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, se apoderan de nuevo de territorios a través del conflicto armado o forjando alianzas con las mafias locales, cuenta a DW el analista en seguridad David Saucedo.
«Esta expansión implica generar anillos de protección policial y política. Es un juego de ida y vuelta», explica el consultor: «Por un lado, los narcotraficantes se interesan por controlar las estructuras de poder locales y, por otro, la propia clase política corrupta aprovecha el interés para obtener financiamiento negro para sus campañas y eliminar o amedrentar a los opositores».
Desde luego, también existe una «clase política minoritaria que está al margen de cualquier actividad delictiva, pero que se ve forzada a vincularse con el crimen organizado, que la amenaza mediante el soborno, el amedrentamiento, el secuestro o el asesinato», completa Saucedo.
Policías locales: corrupción y carencias
«Las policías locales son la primera línea de respuesta, la autoridad más cercana frente al ciudadano», subraya el analista en seguridad. Sin embargo, prosigue, «tienen todo tipo de carencias: bajos presupuestos, están mal armadas, mal equipadas, mal entrenadas, con pocas atribuciones, penetradas por el crimen organizado. Nos encontramos ante un panorama desolador».
Saucedo aboga, por ejemplo, por una modificación de la ley de armas de fuego que permita a las policías locales, municipales y estatales disponer de los mismos calibres que usan los grupos del crimen organizado.
Ambos expertos consultados por DW concuerdan en que los funcionarios y las policías municipales deberían desempeñar un papel más importante en la estrategia de seguridad, puesto que suelen ser quienes mejor conocen las dinámicas del crimen en sus comunidades.
«Este enfoque, por supuesto, entraña el riesgo de devolver el poder a autoridades locales propensas a la corrupción», reconoce Rafael Ch Durán.
De ahí que sea importante identificar de manera temprana los municipios en mayor riesgo de corrupción y captura por grupos criminales, e implementar iniciativas para prevenirla, dice, y agrega que el International Crisis Group ha identificado 166 municipios que cumplen con estos criterios.
«Tendremos al narco en campaña»
65 alcaldes y funcionarios locales asesinados son el triste balance del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Desatarán los comicios de 2024 una nueva ola de violencia contra candidatos y gobernadores locales?
«Los mayores riesgos de violencia se concentran ahora en 80 municipios en los que las elecciones pueden desencadenar feroces batallas por el control», se lee en el informe del ICG.
Según David Saucedo, las mafias financian a candidatos y movilizan a votantes para que, una vez electas, las autoridades políticas tengan una actitud laxa o de respaldo al crimen organizado.
«Tendremos al narco en campaña», subraya el experto, quien asegura que la participación electoral es uno de los «pilares» del crimen organizando con el que se están «construyendo vastos narco imperios en México».
En opinión de Saucedo, «las autoridades políticas federales y estatales no están combatiendo la penetración del narco en las elecciones, sino que más bien se benefician de su participación».
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