2021
ES EL AÑO EN EL QUE el TSJ anuló la sentencia en contra del accionista de Quiborax, David Moscoso.
El convenio firmado en 2018, por el exministro de Minería César Navarro y el exprocurador Pablo Menacho, para dar cumplimiento al pago a Quiborax, exime de cualquier procesamiento o litigio a ejecutivos de esa empresa, agentes y hasta funcionarios. Por lo cual, desde Comunidad Ciudadana (CC) presumen que este acuerdo es la razón por la cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó sin efecto la sentencia contra el accionista de la transnacional David Moscoso.
“El Estado boliviano, a través del MMM, libera de forma expresa a las Demandantes, Quiborax y NMM, y renuncia expresamente a cualquier reclamo, arbitraje, demanda, acción, pretensión, procedimiento o litigio, de cualquier naturaleza, sea que surja del derecho boliviano, internacional o cualquier otro derecho, por cualquier vía nacional o internacional, judicial o extrajudicial de cualquier tipo o naturaleza, sea pasada, presente o futura, contra Quiborax y NMM, sus subsidiarias, controladas, controlantes y afiliadas, o vinculadas, sus directores, apoderados, funcionarios, agentes, asesores, abogados y empleados, sus sucesores y cesionarios y otros miembros”, detalla la cláusula 52 del documento.
Este caso cobra vigencia porque el pasado lunes se dio a conocer que Moscoso demandó por los delitos de calumnias, injurias y difamación al líder de CC, Carlos Mesa, y al diputado de la misma sigla Carlos Alarcón.
El accionista de la transnacional fue sentenciado en 2009 a dos años de prisión por el delito de falsificación. No obstante, el 20 de julio de 2021, el TSJ anuló esa determinación. Posteriormente, Moscoso presentó la demanda contra los políticos.
Mesa cuestionó que el convenio para pagar a Quiborax, que fue “compensada” con 42,6 millones de dólares, blinde a los accionista de la transnacional, y considera que ese acuerdo hizo que el TSJ dejara sin efecto la sentencia contra Moscoso. Señaló que esa “aberración jurídica” fue autorizada, mediante el acuerdo de pago, por el gobierno de Evo Morales.
“El gobierno de Morales cede la soberanía jurídica de Bolivia a una empresa transnacional. El Tribunal Supremo de Justicia anula la sentencia contra David Moscoso, basado en esos elementos (el acuerdo de pago)”, declaró el exmandatario en radio Fides.
El legislador Alarcón afirmó que el Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto la sentencia contra Moscoso de manera irregular. Declaró que debía iniciarse otro proceso y no la realización de una sala plena para tratar directamente el tema.
“El señor Moscoso reconoció haber participado en el delito de falsedad ideológica e instrumento falsificado, porque hizo aparecer como capital accionario mayoritario a la empresa chilena. (…). El TSJ, de una manera que nadie se enteró, en 2021, anuló la sentencia contra Moscoso, cuando debió ordenar un nuevo proceso”, complementó.
¿Acción política?
Para Alarcón este proceso es una maniobra “orquestada desde el oficialismo” para anular políticamente a Mesa. Agregó que se instrumentaliza a Moscoso para abrir un proceso ordinario contra el líder de CC, y obviar su condición de expresidente que tiene derecho a caso de corte.
“Esto es una pantalla del gobierno del MAS, que tiene como objetivo anular a los líderes de oposición. En este caso le toca el caso a Carlos Mesa. Con relación a mi persona, a mí más me meten en esta querella para neutralizarme en mi trabajo que vamos a hacer en la Comisión de Constitución, con relación a la elección de autoridades judiciales”, aseveró el parlamentario.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ramiro Venegas indicó que Mesa hace bulla con una demanda de un particular, en la cual no tiene “nada que ver” Morales o el Gobierno. Indicó que el líder de CC ya inició su campaña.
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“Mesa ya inició su campaña, quiere hacer bulla y victimizarse con una demanda de un particular, qué tienen que ver el hermano Evo o el Gobierno. Mesa piensa que victimizándose va a subir su imagen, Mesa es otro opositor perdedor, ha perdido el 2019 y ha perdido el 2020, es un cadáver político, no significa riego para el MAS”, subrayó.
El legislador del MAS Ányelo Céspedes instó a Mesa a comparecer ante la justicia y no usar el tema para decir que lo persiguen políticamente. “Mesa quiere capitalizar voto para las próximas elecciones diciendo que es víctima de persecución política. Esto no es correcto, pero así hagan lo que quieran ni toda la oposición junta le ganará a Evo Morales el 2025”, añadió.
Viceministra Alcón: “Acá se quieren victimizar”
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quiere politizar la denuncia que le interpuso el accionista de Quiborax David Moscoso. Además le pidió que no se victimice.
“Acá se quieren victimizar y politizar el tema, y hablar de persecución política. (La denuncia) no lo está haciendo el gobierno del Movimiento Al Socialismo. (…) Que deje de victimizarse el señor Mesa”, dijo Alcón.
El pasado lunes, Mesa dio a conocer que Moscoso le interpuso una denuncia por el delitos de difamación. Desde CC señalan que el accionista de la transnacional es instrumentalizado por el Gobierno para anular políticamente al líder opositor.
La viceministra descartó que el Gobierno esté inmiscuido en la querella y dijo que se trata de la denuncia de un particular. “El Gobierno nacional no está involucrado y hay que decirlo de manera clara”, agregó.
Página Siete
