Oficiales del servicio activo denunciaron la designación ilegal del jefe de Estado Mayor del Ejército, Juan José Zúñiga, debido a que su nombramiento no fue consultado al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), como señala el artículo 69 de la Ley Orgánica de la institución castrense. Exigieron que la Inspectoría abra una investigación del caso.
“El jefe de Estado Mayor General de Fuerza es designado por el comandante general de su fuerza, en consulta con el comandante en jefe, cargo que ejercerá por un periodo máximo de dos años”, señala el artículo 69 de la Ley Orgánica de las FFAA (LOFA).
En contacto con Página Siete, oficiales del servicio activo de las FFAA señalaron que en 2021, cuando el general César Vallejos ocupaba el cargo de comandante en jefe, no emitió resolución o memorando de autorización para el nombramiento de Zúñiga, debido a que el jefe del Ejército, Hugo Arandia, no “consultó” a su superior para realizar dicha designación. Por esta razón, afirman que el oficial cuestionado debería ser destituido.
“Esta es la cuarta línea de ilegalidad que se ha cometido para beneficiar al señor Zúñiga”, manifestó uno de los militares que pidió no dar a conocer su nombre por temor a represalias.
Señaló que la primera ilegalidad para favorecer al flamante general de Ejército fue el encubrimiento del desfalco de 2,7 millones de bolivianos que estaban destinados al pago de dos bonos solidarios en Viacha, en 2013.
“Por ejemplo, ese sumario con una sanción benévola de siete días de arresto no figura en la hoja de vida de Zúñiga. ¿Borraron ese antecedente penal de los registros?”, cuestionó otro de los uniformados.
Los militares explicaron que otra ilegalidad se dio durante la designación de Zúñiga como jefe de Estado Mayor y de Alex Baldivieso como inspector del Ejército, pues se incumplió con los artículos 69, 71 y 76 de la LOFA. Según el inciso b) de los dos últimos artículos, los militares tenían que tener el grado de generales de Brigada o División, pero al momento de su posesión aún eran coroneles.
Página Siete llamó a Vallejos (ahora en el sector pasivo) y al comandante del Ejército para conocer su versión, pero ninguno de los dos atendió las llamadas telefónicas.
Consultados sobre el tema, los abogados Omar Durán y Ramiro Cabrera coincidieron en que se debe analizar la denuncia, pues no tendría un fundamento legal, ya que el término “consulta” del artículo 69 de la LOFA podría interpretarse de distintas formas. En contraparte, los militares denunciantes cuestionaron: “¿Si no es obligatorio cumplir el artículo 69, por qué está en la LOFA? No se hizo la consulta a Vallejos porque el nombramiento de los coroneles Zúñiga y Baldivieso fue político, impuesto. Eso fue confirmado por los comandantes de turno”.
Documentos
“Para desmentir esta denuncia, lo que compete es que el comandante del Ejército, Hugo Arandia, presente los documentos con la firma de Vallejos, donde se autorice esas designaciones”, manifestaron los militares.
Para el abogado y militar en retiro Jorge Santistevan, el general Arandia y el inspector de las FFAA incurrirán en el delito de incumplimiento de deberes “si no investigan y verifican” si existió o no una vulneración a la LOFA.
- Molestia Oficiales del servicio activo denunciaron que para el ascenso a generales de las FFAA se vulneraron tres normas: la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Orgánica de las FFAA (LOFA) y la Ley de Administración de Personal. “Hay un repudio general a los generales recientemente ascendidos. El artículo 245 de la CPE (en su primera parte) dice: ‘La organización de las FFAA descansa en su jerarquía y disciplina’. Al ascender a los que no cumplen con los requisitos se violó la LOFA y al designarlos en cargos se vulneró la Ley de Administración de Personal”, sostuvo uno de los oficiales denunciantes.
Tomado de Página Siete
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