La madrugada del 13 de marzo, un operativo policial en Trinidad concluyó con la aprehensión de la expresidenta Jeanine Áñez y su posterior traslado a La Paz, donde radica una demanda por sedición y terrorismo impulsada por la exdiputada Lidia Patty.
En el marco del denominado caso “golpe”, la justicia dispuso inicialmente la detención preventiva de la exmandataria por cuatro meses, pero luego la medida fue ampliada a seis y posteriormente, por otro proceso, a medio año más.
La defensa de Áñez insistió desde la detención preventiva de la expresidenta con recursos en busca de su libertad y también para que sea procesada en juicio de responsabilidades, todos sin resultado.
En total, la justicia rechazó siete veces la libertad de la expresidenta en los últimos meses.
Medida cautelar agravada
A una semana de la aprehensión de Áñez, el sábado 20 de marzo, sus abogados presentaron un recurso de apelación, pero salieron con la medida cautelar agravada, debido a que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz determinó subir el tiempo de detención por los riesgos procesales que, según los fundamentos del juez, no fueron desvirtuados.
Segunda apelación
Cinco días más tarde, el 25 de marzo, la Sala Penal Primera del TDJ de La Paz decidió denegar la apelación que presentó Áñez y sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, en contra de la resolución de aprehensión.
La defensa argumentó que la resolución de aprehensión no cumple con elementos de sustento y que ni siquiera mencionan los nombres de las exautoridades en la relación de antecedentes ni se individualiza los hechos que fundamenten los tipos penales.
En contrapartida, la Fiscalía, Procuraduría, Ministerio de Gobierno y el abogado de la denunciante Lidia Patty aseguraron que se cumple con los preceptos del Código de Procedimiento Penal.
“Casa por cárcel”
“No le estoy pidiendo impunidad ni le estoy pidiendo libertad pura y simple. A qué extremo habremos llegado que nos estamos conformando por mi salud de solicitar casa por cárcel”, señaló Áñez en la audiencia de su primera solicitud de cesación de detención preventiva, el 6 de julio; sin embargo, fue rechazada.
El juez Décimo de Instrucción en lo Penal del TDJ de La Paz, Armando Zeballos, decidió “declarar infundada la solicitud de cesación a la detención preventiva”, considerando la existencia de supuestos riesgos de fuga y que la exmandataria no padece de una enfermedad «en estado terminal» o que sea «grave», entre otros aspectos.
Cuatro meses de prisión
La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez presentó en julio una acción de libertad a casi cuatro meses de la detención preventiva, pero fue rechazada por el juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, Antonio Amaru.
El juez dijo que la detención de los cuatro meses fue a través de la resolución 106/2021, pero luego se emitió una segunda resolución, la 168/2021 que amplía esa detención a seis meses y que ese documento no fue presentado por los abogados de Áñez.
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Acción de libertad tras intento de suicidio
Por el delicado estado de salud de la exmandataria, la defensa de Áñez presentó una segunda acción de libertad, pero esta fue negada por la justicia el 2 de septiembre.
Sus abogados reclamaron que el juez no se pronunció sobre la situación de salud la exmandataria, que a finales de agosto intentó suicidarse por un cuadro de depresión en la cárcel de Miraflores, según indicaron sus familiares
Segundo rechazo a la cesación de detención
Con el mismo argumento de su estado de salud, Áñez solicitó la cesación de su detención preventiva y en una audiencia celebrada el 3 de septiembre, el juez anticorrupción Segundo de La Paz, Andrés Zabaleta, rechazó el pedido afirmando que ella cuenta con atención médica las 24 horas y que existe riesgo de fuga.
El último intento
Tras una audiencia de casi cuatro horas, el juez Luis Fernando García determinó el martes rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva de Áñez, por lo cual la exmandataria seguirá en la cárcel de Miraflores.
En su intervención en la audiencia, la exmandataria reiteró que se considera una “presa política” y que la justicia y el Ministerio Público están sometidos al Gobierno. Pidió al juez que actúe con valor para devolverle su libertad.
Sin embargo, el juez consideró que persisten riesgos procesales, por lo cual determinó ratificar la detención preventiva de la expresidenta.
Tomado de Correo del Sur
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