El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho participará de la marcha convocada por el comité interinstitucional cruceño citada para mañana viernes. La movilización fue convocada luego de conocerse que se abrieron procesos penales contra los principales líderes de la protesta por el censo en Santa Cruz. El paro de 36 días, que concluyó el pasado 26 de noviembre, derivó en múltiples actos de violencia.
“El gobernador estará presente en la marcha, porque es un apoyo institucional que se le estará dando” a la misma, afirmó el asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez.
El funcionario departamental continuó explicando que “como Gobernación no podemos quedar al margen de esta situación. Vamos a apoyar esta marcha porque el pueblo cruceño tiene que mostrar a todo el país, al Gobierno nacional, que no está caído. Sigue más fuerte y más firme que nunca”.
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Detalles de la marcha
El portavoz de la comisión interinstitucional cruceña, Manfredo Bravo, señaló que la marcha está convocada para mañana viernes a partir de las 17:00. Partirá del Segundo Anillo y Avenida Busch para dirigirse hasta el monumento al Cristo Redentor.
“Es un movimiento simbólico, una marcha simbólica, en rechazo a los atropellos que se están haciendo”, explicó Bravo. Señaló como responsables al Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía. De esta última dijo que “se encuentra totalmente sometida a las directrices del Gobierno nacional”.
El diputado de Creemos, Walthy Egüez, también se refirió a la movilización. El parlamentario informó que la marcha llegará hasta las oficinas de la Fiscalía, ubicadas en la esquina sudeste del monumento al Cristo Redentor. “Le van a dejar un mensaje claro al Ministerio Público para que no se preste a la persecución política de los líderes cruceños”, aseveró.
Egüez adelantó que luego se dirigirán a las puertas del comando de la Policía, también en inmediaciones del Cristo Redentor. Ahí repetirán el mensaje de poner un alto al supuesto acoso político.
En días pasado, el fiscal General, Juan Lanchipa, señaló que las denuncias de víctimas durante el paro de 36 días demostraron que corresponden procesos penales. Indicó que concurren al menos 10 delitos penales de gravedad, como violación de derechos a la vida, trabajo, salud, educación, libre circulación y expresión. Además, se registraron daños a bienes del Estado y la propiedad privada.
La Razón
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