Santa Cruz está frente a dos procesos conocidos como caso ítems fantasma en la Alcaldía y publicidad fantasma en la Gobernación, en los que la Fiscalía emprende diferentes acciones para sancionar a los responsables de los presuntos hechos de corrupción.
En el primer caso, la extradición de Antonio Parada, ex jefe de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz, involucrado en el caso ítems fantasma, se complica tras que su abogado revelara que tiene refugio político provisorio en Brasil. La Fiscalía asegura que desconoce la determinación del país vecino y una comisión canaliza un pedido de informe sobre su situación legal.
Entre tanto, ayer se realizó el allanamiento de las oficinas del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) en busca de mayores indicios o pruebas como parte de la investigación por el caso publicidad fantasma.
REFUGIADO
Tiago Bana, abogado de Parada, explicó que mientras se encuentre la condición de refugiado, la solicitud de extradición que busca Bolivia es “inviable” y debe ser liberado “cuanto antes”.
El jurista aseguró que el Gobierno de Brasil le concedió el refugio a su defendido, el 23 de diciembre del año pasado, debido a que cumplió con todos los requisitos que se requiere y además porque ingresó al vecino país de manera legal.
“Antonio Parada Vaca pidió refugio político al Gobierno brasileño y al obtener un refugio provisorio impide la extradición de acuerdo con el tratado internacional que Brasil y Bolivia tienen”, señaló, citado por ERBOL.
Parada se encuentra actualmente en la prisión de máxima seguridad de Campo Grande, en el estado fronterizo de Mato Grosso del Sur con fines de extradición, sin embargo, este trámite todavía no habría sido formalizado por Bolivia.
“Tiene un refugio provisorio y luego ingresará en un proceso para la condición de refugiado político definitivo (para) que pueda permanecer en el país, mientras se encuentre en proceso de refugio, la extradición, es jurídicamente inviable”, insistió.
En pasados días una comisión de legisladores bolivianos fue hasta Corumbá para dar seguimiento a la situación de Parada en busca de su extradición para que rinda cuentas por su implicación en la creación en la creación de al menos 800 ítems fantasma en la Alcaldía de Santa Cruz.
Para el abogado, esa es una señal de “persecución política” en contra de su defendido y advirtió que en caso de retornar a Bolivia sospecha que no tendrá un proceso justo e incluso habló de que pueda tener “riesgo de morir” si es encarcelado.
La Fiscalía de Santa Cruz imputó en pasados días a Parada por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.
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CANCILLERÍA
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Estefanía Morales informó, según ABI, que se solicitará un Pedido de Informe Escrito (PIE) a la Cancillería de Brasil sobre la situación del proceso de Antonio Parada, a través de sus colegas del Partido de los Trabajadores (PT) del congreso brasileño.
Los legisladores nacionales deberán enviar a la brevedad posible el escrito para que sus pares de Brasil envíen la solicitud de informe, no solo a su Cancillería, sino también al Ministerio de Gobierno de Brasil.
“El Congreso brasileño nos ha solicitado que le hagamos llegar el escrito para que ellos puedan solicitar ese PIE, y como parlamentarios, como diputados, porque han sido diputados, ellos también puedan solicitar esta petición a su Cancillería y al Ministerio de Gobierno de su país”, manifestó.
Este trámite se desarrolla con el objetivo de agilizar el proceso de extradición de Antonio Parada, principal implicado en el caso de corrupción de los 800 ítems fantasmas.
GOBERNACIÓN
Por otro lado, efectivos de la Policía y Fiscalía de Anticorrupción realizaron un allanamiento a las oficinas de la agrupación política Demócratas.
El exgobernador cruceño, Rubén Costas, llegó al lugar e indicó desconocer de este operativo. Junto a él, llegó Roly Aguilera, excandidato a la alcaldía cruceña y ahora investigado en este caso.
Según reportes de Cadena A, una camioneta ingreso al lugar para realizar el secuestro de pruebas.
El Ministerio Público investiga ese presunto hecho de corrupción de oficio. Otro de los denunciados es el concejal Manuel Saavedra, quien deberá presentar su defensa.
El 20 de diciembre, el secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, denunció que en la gestión de Costas se destinó presuntamente un presupuesto público de la prevención contra la COVID-19 superior a Bs 700.000 para apoyar la candidatura de Roly Aguilera a la alcaldía de la capital oriental.
El 4 de diciembre, el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, prestó su declaración informativa en calidad de testigo en la Fiscalía y ratificó su denuncia por el presunto hecho de corrupción durante la administración de Costas.
Tomado de Opinión
