El Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó a la Cámara de Diputados, el 4 de mayo, un proyecto de ley modificatorio de la Ley de Régimen Disciplinario (101) de la Policía Boliviana con el propósito de evitar que policías “interrumpan el gobierno legalmente y democráticamente constituido”; incluye baja y cárcel de hasta ocho años.
La oposición advirtió que se pretende “sentar la mano” a algunos miembros de la entidad del orden. Un constitucionalista señala que el masismo quiere destruir a la Policía como ya lo hizo con la justicia, Defensoría o la Procuraduría.
“Para que no vuelva a suceder lo que sucedió anteriormente (motín policial en 2019), para las autoridades que ingresan a un cargo en la Policía sepan que la ley ha cambiado; sólo estoy pidiendo la modificación del artículo sobre motines; estamos pidiendo que la pena se eleve, para que no vuelva a suceder lo mismo; estamos pidiendo que la pena sea un poco más alta, estamos proponiendo que sea hasta ocho años”, sostuvo el diputado Ányelo Céspedes (MAS).
El fiscal departamental policial, Justiniano Álvarez, informó en abril de 2021 que en el proceso disciplinario por el motín policial de 2019 hay un efectivo que tiene acusación para ir a juicio, de 10 investigados. Dijo que el proceso se realiza a denuncia del viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, quien en enero demandó a 26 policías acusados por el motín y quema de la wiphala.
Iván Rojas, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, es el segundo policía con acusación para juicio por el caso motín que lleva adelante el sistema disciplinario de la entidad verde olivo. El primer policía con acusación por ese caso es un suboficial, cuyo juicio oral fue pospuesto para el 28 de mayo. La acusación de la Fiscalía Policial contra Rojas ya fue notificada a su defensa legal, confirmó a Erbol el abogado del exjefe policial, Alberto Morales.
El proyecto de ley pretende modificar el numeral 10 del Art. 14 de la Ley 101. La actual redacción dice: “Instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión”. Se pretende modificar con el siguiente texto: “Instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio como actos de protestas o medidas de presión y que producto de los mismos se interrumpa el gobierno legalmente y democráticamente constituido, dejando en estado vulnerable a la Instituciones del Estado”.
Céspedes afirmó que la modificación de la norma es para que los policías cumplan con la Constitución y “no vuelva a suceder lo que sucedió” en noviembre de 2019, cuando Evo Morales renunció, tres días después del inicio del motín policial en Cochabamba y luego se extendió a algunas capitales de departamento.
Alberto Astorga, diputado de Comunidad Ciudadana, afirmó ayer que el oficialismo pretende “sentar la mano” a los policías. “El proyecto de ley va casado con la mentira del ‘golpe de Estado’; lo que quiere el Gobierno y el diputado que presenta el proyecto de ley es sentar la mano a la gente que ha participado en las protestas del 2019, a los policías que se han acuartelado en 2019 y eso no lo vamos a permitir, generará un malestar”. Afirmó que con la modificación “creemos que el MAS continúa con el falso debate del ‘golpe de Estado’, está presentando proyecto de ley para perseguir no sólo a (la expresidenta Jeanine) Añez, opositores y ahora también quiere perseguir a los policías”.
El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, respaldó la reforma de la Ley 101 porque supuestamente es híbrida. “Nosotros creemos que la Ley 101 tiene que sufrir una serie de transformaciones, pues desde nuestra perspectiva es una ley híbrida que mezcla procesos administrativos, penales, judiciales, etc.”.
El jefe policial aseguró que “lamentablemente el índice de eficiencia que tiene esta norma (101) se traduce desde la perspectiva de la población en un sentimiento de impunidad; por eso estamos conscientes que la reforma tiene que pasar (porque) no sólo garantiza que el talento humano de la Policía (se someta) a un proceso justo (sino) que la ciudadanía pueda visibilizar en un futuro una sanción”.
Mira también
Notifican a la sargento Cecilia Calani por caso motín en Sucre
La sargento Cecilia Calani, exdirigente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), fue notificada el martes en la plazuela Huallpa Rimachi, cuando hacía pasear a su perro, en su día de descanso, según reporte de Correo del Sur.
La policía enfrenta al menos cinco procesos disciplinarios por faltas graves y gravísimas ante un tribunal interno porque supuestamente lideró el amotinamiento en noviembre de 2019. El último de los procesos se tramita en la Fiscalía Policial del Comando Departamental de Chuquisaca.
Recordó que desde 2019 enfrenta procesos disciplinarios por las declaraciones que hizo a los medios de comunicación y que en ningún momento llamó a la convulsión social sino a la pacificación. “Lo único que hice es evitar que quemen mi institución, las familias y las casas de los policías porque había amenazas de los manifestantes”.
El comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, dispuso el cambio de destinos del presidente del Tribunal Disciplinario de esa institución, Víctor Hugo Soria, y del fiscal departamental policial de La Paz, Justiniano Álvarez.
Las representantes de esposas de policías en Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz denuncian que se persigue a uniformados para encubrir el robo de armas y la quema de unidades policiales ese año, y así proteger a grupos violentos que buscaban el enfrentamiento con quienes denunciaban “fraude”.
Punto de vista
JosÉ Luis Santistevan, abogado constitucionalista
El MAS quiere destruir la Policía
La Policía Boliviana tiene una misión específica y está dentro de la estructura orgánica de la Constitución, es una institución que forma parte medular de la estructura del Estado, es una de las instituciones más antiguas (1826), tiene como misión fundamental la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes.
La Policía representa la seguridad de los ciudadanos, es una institución orgánica que debe respetarse en su institucionalidad; de ahí ningún parlamentario puede proponer leyes que destruyan la institucionalidad de la Policía. Al proponer este tipo de leyes, que son coyunturales y con fines políticos, lo que se hace es continuar destruyendo la institucionalidad del Estado así como ha destruido la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, eso es lo que han hecho los parlamentarios en 14 años. Ahora quieren destruir la Policía, quieren dictar normas para controlar la Policía, solamente para proteger un poder político; es una actitud innoble, es una actitud destructiva de la institucionalidad de los órganos públicos.
La Policía es para los 11 millones de bolivianos y no para un partido político que no hace más que destruir instituciones públicas que son medulares para el funcionamiento del Estado.
Los políticos deben respetar la institucionalidad de la Policía. El MAS con Evo Morales aplaudió que la Policía se hubiera amotinado en febrero de 2003 contra Goni y en octubre de 2003 la Policía se repliega y no reprime al pueblo y entonces Evo Morales alaba la conducta policial; ahora hablan que la Policía no les sirve. Es una acción vengativa, pero no mide las consecuencias de la acción vengativa porque destruirá un órgano del Estado y para justificar que hubo “golpe”.
Página Siete
