El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, expresó su respaldo a las investigaciones a cargo del Ministerio Público en contra del exalcalde de La Paz Luis Revilla por la compra de los buses PumaKatari para el servicio municipal de transporte.
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Dijo que ha visto con tristeza cómo se maneja el tema de los buses que son un patrimonio de los paceños que, infelizmente, “habría tenido un sobreprecio en las compras que se han hecho”.
Chávez recordó que circularon audios sobre la modalidad de compra donde estarían implicados el mismo alcalde y sus funcionarios que organizaron las licitaciones.
“Si eso ha ocurrido, hay que investigar. Yo creo que es una investigación que está en curso, la Procuraduría tiene que participar en estos casos porque están los intereses del Estado, hablamos de millones de millones de bolivianos y estamos participando en la investigación”, manifestó el viernes en conferencia de prensa.
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El presidente de la FEJUVE-La Paz, Jesús Vera presentó la denuncia ante la Fiscalía referida a un posible sobreprecio porque, según dijo, cada bus debía costar 60.480 dólares, pero Luis Revilla pagó casi 180 mil dólares, es decir, dos veces más del precio fijado por la empresa fabricante.
Explicó que la prueba principal son las pólizas de importación emitidas por la Aduana Nacional que ya está en poder de la Fiscalía de La Paz y lamentó que el actual alcalde Iván Arias encubra a su antecesor emitiendo información falsa.
Indicó que a partir de este hecho ha pedido a la Fiscalía incluir a Iván Arias por los delitos de incumplimiento deberes y encubrimiento porque la investigación no puede ser entorpecida de esa manera.
Otra de las observaciones es el pago de Bs 6.900 por cada televisor de 17 pulgadas que fue instalado en cada bus y que en el mercado local ese artefacto no tiene ese precio.
Vera estima que en total se estaría hablando de un daño económico de alrededor de 1.000 millones de bolivianos que se habría afectado a la ciudad de La Paz y exigió a la Fiscalía investigar este hecho.
En días pasados, Revilla aseguró que el proceso de adquisición fue “transparente” y negó un presunto sobreprecio. En relación a los audios dijo que no tiene valor legal alguno, además de estar manipulado y cortado.
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