El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) espera que el informe que será presentado mañana por el grupo GIEI-Bolivia sea «completo e imparcial» y que abarque extremos como el vacío de poder y la conformación de un gobierno constitucional.
«El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) a vísperas de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes, contratados por la CIDH, presente su informe final sobre los hechos de 2019, espera que el mismo sea completo e imparcial, abarcando los delitos cometidos entre octubre y diciembre de ese año, con una relación de los derechos humanos vulnerados antes, durante y después del acto electoral del 20 de octubre, signado por el fraude electoral, la renuncia de los gobernantes del MAS, la generación de un vacío de poder y la conformación de un gobierno constitucional de transición para la realización de nuevas elecciones realizadas el 2020» señala una parte del pronunciamiento emitido hoy.
El GIEI-Bolivia anunció que mañana hará conocer la versión final de la investigación de los hechos de violencia y violación de derechos humanos ocurridos en 2019 durante la crisis política.
El Conade señala que «un informe completo e imparcial, en ausencia de un organismo nacional que tenga la competencia para hacerlo (ni el Ministerio Público ni la interina
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Defensoría del Pueblo pudieron hacerlo), generará los procesos legales correspondientes para la sanción a los autores, cómplices y beneficiarios de las violaciones a los derechos humanos. Se entiende que la reparación es parte constitutiva de este proceso» señala otra parte del pronunciamiento de Conade.
Esta entidad defensora de los derechos humanos y que tuvo un rol determinante en las protestas contra Evo Morales plantea que se debería partir del principio de que toda muerte, toda persona herida o agredida, debería ser considerada con los mismos criterios de investigación.
«Para el Conade, todas las vulneraciones deben ser sancionadas, dejando de lado la construcción artificial únicamente de los hechos de Senkata y Huayllani como representantivos de una violencia estatal y social cuyo autor fue el Gobierno de Evo Morales y cuyas responsbailidades deben quedar claramente establecidas».
Según señala, «fue la acción ilegal de impulsar el referendo constitucional del 16 de febrero de 2016 y de desconocer su carácter vinculante, el que llevó a generar la polarización que vivió el país desde ese año hasta el 2019. A ello se sumó la vulneración de derechos políticos y electorales consignada en el fraude electoral del 2019 que crisparon las posiciones entre el campo ciudadano, democrático y reivindicador de la democracia y de la Constitución Política del Estado frente al MAS, el gobierno y sus grupos de choque empeñados en imponer una repostulación sin ninguna base legal, porque la sentencia constitucional 084/2017 no tiene fundamento en la Convención Americana de Derechos Humanos tal como lo ha aclarado la Corte IDH».
También demanda la abrogación del Decreto Supremo aprobado por el gobierno de Luis Arce Catacora para dar amnistía a los seguidores de Evo Morales que cometieron delitos y también indica que el informe del GIEI será «insumo de un juicio de responsabilidades» contra Morales y sus colaboradores por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
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