El juicio oral contra los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) fue suspendido este lunes hasta el 27 de noviembre por la ausencia de sus testigos de descargo.
“La juez de Sentencia Penal 12 del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba suspendió la audiencia de juicio oral, ante la ausencia de los testigos de descargo de los líderes de la Resistencia (Juvenil) Cochala”, informó el Tribunal Departamental de Justicia.
El grupo paramilitar estaba liderado por Yassir M., Mario B., Favio B., Milena S. y Jaime M., quienes fueron acusados por la violencia que se generó a fines de 2019.
Según un reporte institucional, las defensas legales de Yassir y Mario abogaron por la suspensión de la audiencia ante la ausencia de sus testigos, quienes no llegaron porque presuntamente no se hizo una “notificación oportuna”.
En tanto, el Ministerio de Gobierno solicitó que se prosiga con la audiencia. Sin embargo, la juez luego de escuchar las argumentaciones de ambas partes decidió suspender la audiencia hasta el próximo 27 de noviembre a las 09h00.
Los líderes de la paraestatal RJC son procesados por los delitos de organización criminal, privación de libertad, instigación pública a delinquir, fabricación ilícita de armas, lesiones graves y leves, tenencia y portación de armas, destrucción y deterioro de bienes del Estado, entre otros.
Según los antecedentes, los integrantes de la RJC circulaban en motocicletas y agredían a cualquier persona de origen indígena o vinculada al MAS en Cochabamba.
Este grupo tenía lugares estratégicos para reunirse y organizarse como la plaza de Cala Cala, plaza 4 de Noviembre, el lavadero de autos de propiedad de la familia Bascopé, ubicado en la avenida Melchor Pérez esquina Demetrio Canelas, donde guardaban bazucas artesanales, escudos, explosivos y otros objetos contundentes utilizados para sembrar el miedo en las jornadas de octubre y noviembre de 2019.
Este sería el segundo proceso contra los integrantes de la temida RJC, Yassir, Mario y Favio tienen en su contra una sentencia de seis años de cárcel en Sucre, por los destrozos y violencia que generaron en 2020 en predios de la Fiscalía General del Estado.
ABI
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