La Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz (Amalap) se declaró en emergencia debido a la aprehensión de la jueza Melina Lima, la cual consideran indebida y que sienta un precedente por el cual los administradores de justicia pueden ser detenidos en base a criterios subjetivos.
La jueza Lima fue aprehendida a denuncia del Viceministerio de Transparencia, que la acusó de prevaricato al haber declarado extinguido un proceso contra Samuel Doria Medina y sus familiares.
La Amalap aclaró que no se opone a la investigación, pero no se entiende la razón para aprehender a la jueza Lima, que es mujer y madre. Alertó que se genera una desprotección para administradores de justicia.
“En condición de autoridades judiciales, es evidente que no gozarnos de fuero o privilegio alguno, empero si se consolidan estos hechos por demás infundados y arbitrarios se genera una desprotección total para la administración de justicia, ya que nuestro trabajo es precisamente resolver los conflictos penales y este trabajo no puede considerarse delictivo”, dice el comunicado de la Amalap.
La Asociación mencionó dos sentencias constitucionales, las cuales establecieron que ninguna autoridad está facultada para calificar de correcta o incorrecta la conducta de un juez y que, en ningún caso, las decisiones de autoridades jurisdiccionales pueden dar lugar a sanción alguna, puesto que en el principio de independencia judicial supone la libre apreciación y resolución.
La Amalap señaló que “el Estado está en la obligación de garantizar el desarrollo de la función jurisdiccional libre de presiones, en base al principio de independencia e imparcialidad”.
Alertó que con el caso de la jueza Lima “se sienta un precedente contra el trabajo de todos los Jueces del país, que en cualquier momento, por un criterio subjetivo de aplicación normativa u otros intereses, pueden ser aprehendidos y detenidos”.
En ese marco, los jueces de La Paz se declararon en estado de emergencia hasta que se reparen los derechos y garantías vulnerados a Melina Lima. Advirtieron también con acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la reparación de los derechos y garantía.
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