Cuando en Bolivia las plataformas ciudadanas, opositores, la iglesia católica y el movimiento cívico cuestionan la actuación de la justicia e incluso denuncian que existen presos políticos, desde Comunidad Ciudadana se informó que existen más de 1.500 denuncias contra la Fiscalía y, de acuerdo a la denuncia de Luisa Nayar, la totalidad de fiscales están acusados.
“Son 1.537 denuncias de las cuales se tiene más de 700 fiscales denunciados, que se traduce prácticamente en el 100 por ciento de los mismos”, explicó Nayar a tiempo de señalar que los delitos apuntados son retardación de justicia, corrupción, modificaciones a resoluciones, entre otras.
De los datos brindados por la diputada de Comunidad Ciudadana, el 58 por ciento de los casos son procesos graves.
“No sancionan a los fiscales que tienen denuncias y que quieren seguir favoreciendo al Gobierno. Algunos de ellos terminan presentando imputaciones a ciudadanos que están en manifestaciones”, acotó Nayar.
Estos datos salen a la luz cuando la justicia es duramente criticada por la oposición política, plataformas ciudadanas, el movimiento cívico e incluso la iglesia, quienes coinciden en la necesidad de una reforma de este poder del Estado.
Hace unos días, se realizó en la capital cruceña una movilización de promociones y expromociones de colegio, que se concentraron a los pies del Cristo Redentor donde dieron a conocer un manifiesto en el que destacan que buscarán una reforma en la justicia a través de un referéndum.
Para ello anunciaron una campaña de recolección de firmas para ir a un referéndum donde exigirán la elección de magistrados idóneos para el cargo y que no favorezcan al partido de Gobierno de turno.
Entre septiembre y octubre del año pasado el fiscal general Juan Lanchipa, había informado sobre la destitución de 19 fiscales, en aquella oportunidad indicó que los motivos fueron casos de presunta corrupción e incumplimiento de sus funciones.
UNITEL
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