Desde la expresidenta interina, Jeanine Áñez, hasta los dirigentes cocaleros de Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), todos detenidos durante el gobierno de Luis Arce, sufren de violaciones a sus derechos, incluso en el encierro que cumplen en los penales del país, según la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Marina Vargas.
«Son detenidos políticos, hay una precisión de esa naturaleza. Como en todos los gobiernos totalitarios, hay una vulneración a la integridad, a la seguridad de los detenidos, peor aún hay una vulneración a sus garantías constitucionales, porque no hay procesos claros y con acusaciones que sean por lo menos lógicas», indicó la activista a la ANF.
El 13 de marzo de 2021, en la ciudad de Trinidad, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, encabezó un operativo para la aprehensión de la expresidenta transitoria, Jeanine Áñez, y los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. Desde entonces están recluidos y las visitas a los detenidos pasa por un extenso trámite burocrático que termina agotando a los interesados.
Vargas relató que el caso de Áñez es sólo un ejemplo de todos los detenidos en el Gobierno y recordó el caso del dirigente cocalero César Apaza que está detenido por la quema del mercado ilegal de coca desde septiembre de 2022.
Apaza no podía ser visitado en San Pedro, la Policía se encargaba de cansar a los que llegaban al penal y no les permitía el ingreso. En noviembre pasado, Apaza mandó a leer una carta que envió desde su encierro. A los pocos días, fue acusado de estar en posesión de dos celulares y sin ningún trámite ni petición fue trasladado al penal de Chonchocoro donde se encuentra actualmente.
La vicepresidente de la APDHB dijo que en el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el 3 de enero de este año la institución decidió ir a verificar si los derechos del detenido estaban siendo precautelados, pero los guardias de seguridad del penal hicieron esperar a la pequeña comisión por más de cinco horas en la puerta del penal, y al final les dijeron que no podían ingresar porque supuestamente estaban fumigando la celda de la autoridad cruceña.
En el caso del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcn), coronel Maximiliano Dávila, su abogado denunció que desde que fue detenido, el 25 de enero de 2022, está recluido en una celda denominada «buzón», ambiente que no pertenece a ninguna sección. En más de un año de detención, no fue integrado a ninguna sección como todas los que ingresan detenidos a San Pedro. Como en los otros casos, tiene las visitas restringidas, sólo su abogad y sus familiares de primer grado pueden visitarlo.
Las autoridades penitenciarias habilitaron un libro de novedades para los que fueron detenidos entre 2020 y 2023. Cualquier persona que intenta visitar a esas personas es anotada en otro cuaderno y no en el general.
Según Carolina Ribera, hija de la expresidenta Áñez, 188 personas fueron detenidas por razones políticas desde que el MAS asumió el poder en 2020. En todos los casos, las denuncias de violación de derechos es una constante.
Tomado de ANF
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