El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, se refirió este sábado al proyecto de ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, en el que una de sus esencias es “criminalizar las protestas sociales”.
Afirmó que la propuesta de ley llegó a la Asamblea Legislativa y fue derivada hasta la Comisión de Constitución de Diputados para su análisis, sin embargo, dijo que desconoce a detalle del contenido y cuándo estará en agenda para que sea tratada.
“Existe un derecho y es que los ciudadanos tenemos esa posibilidad de protestar, de asociarnos de pertenecer a un sindicado o gremio y nadie puede prohibir aquello. Otra cosa es el uso que se le dé a aquello. Si con eso ponemos en riesgo la salud y la vida de la gente, ahí termina mi derecho porque comienza el derecho de otra persona”, aseguró Mercado en entrevista con el programa ¡Qué Semana! de EL DEBER Radio.
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Sobre la movilización del Magisterio Urbano, que demanda mayor presupuesto para la educación, ítems de nueva creación y rechazo a los nuevos contenidos de la malla curricular, el titular de la Cámara de Diputados dijo que si la protesta “pone en riesgo el futuro de nuestros hijos, hay que verlo con otros ojos”.
Consultado sobre las protestas que ocurrieron en 2020, cuando organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y lideradas desde Argentina por Evo Morales bloquearon las principales carreteras impidiendo el paso de ambulancias y oxígeno en demanda de una convocatoria a elecciones causando varios fallecidos, Mercado respondió que esa medida fue para “devolver la democracia al país” a comparación de la movilización de los maestros en el que la protesta es por un sector, perjudicando al alumnado.
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“Nosotros pedimos públicamente a nuestros sectores que dejen pasar los oxígenos, pero eso fue unos cuantos días. Los medios de comunicación ven esos días como un problema y no los ocho meses en el que nos mató Jeanine Áñez, robando desde ceniceros hasta respiradores”, indicó durante la entrevista.
En la víspera, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, denunció que el proyecto 218 de 2021 ahora regresa al debate bajo otro denominativo y que contempla cuatro figuras penales como el terrorismo, financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes.
“De la forma que está redactado el tipo penal de terrorismo criminaliza la protesta social porque cualquier grupo de personas que esté haciendo una protesta puede ser acusada por la justicia y el Gobierno con un castigo de 20 a 25 años de prisión y con confiscación de bienes y sin siquiera tener sentencia ejecutoriada”, explicó.
El Deber
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