La dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al Gobierno empezaron a articularse en respaldo a la actual administración gubernamental ante las presiones de diferentes actores de la sociedad civil para que el Censo de Población y Vivienda se realice el 2023.
En la pasada jornada se realizó una marcha en la ciudad de Santa Cruz en respaldo a la gestión de Luis Arce y censuró el paro cívico del lunes convocado por la Comisión Interinstitucional de Santa Cruz.
“Nos encontramos en estado de emergencia y píe de lucha en contra de las personas y políticos sediciosos, por lo que les advertimos que si continúan con sus medidas ilegales de presión en contra del pueblo, nosotros saldremos a defender nuestros derechos y al gobierno constitucional” señala el pronunciamiento cobista que fue publicado la noche del martes.
El lunes, en Santa Cruz se impulsó un paro de labores de 24 horas y lo cívicos cruceños anunciaron otras medidas después de la reunión que sostendrán el jueves en esa ciudad. Mientras tanto, para esta jornada está previsto un encuentro entre el presidente del Estado, Luis Arce, y los alcaldes de las nueve capitales de departamento, además de El Alto.
En paralelo, para esta misma jornada se prevé que en Cochabamba se reúnan los presidentes de los comités cívicos de los nueve departamentos donde el principal punto a tratar será coordinar estrategias para que el Gobierno acepte realizar Censo de Población y Vivienda el 2023. La dirección regional del Movimiento Al Socialismo de ese departamento anticipó que rechazarán la presencia de los cívicos.
“Ante este nefasto intento de sedición, las y los trabajadores del país, así como el pueblo en su conjunto, hemos analizado en los diferentes eventos nacionales y resolvimos que no permitiremos un nuevo intento de golpe de Estado, no dejaremos que se viole la democracia y el voto mayoritario del pueblo”, advierte el documento publicado por la COB.
Los dirigentes afirman que los impulsores de las medidas de presión no toman en cuenta la situación económica que viven los países vecinos y que los está empujando a vivir crisis económicas, sociales y políticas, en clara alusión a Argentina y Perú, principalmente.
Para el ente matriz de los trabajadores, el Consejo Nacional de Autonomías fue el que aprobó la postergación del Censo para el 2024 y debe ser la misma instancia que replantee la fecha; por tanto, consideran que las reuniones entre los alcaldes con el Presidente no tienen la facultad de analizar este tema.
El Gobierno promulgó el decreto 4760 el pasado 14 de julio que posterga oficialmente la realización del Censo hasta 2024, decisión que fue rechazada por algunas regiones y se empezó a cuestionar los dos años de reprogramación.
ANF
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