El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue filtrado el domingo, señala entre sus conclusiones que el Gobierno del entonces presidente Evo Morales ordenó la ejecución, sin que exista intervención de la justicia ni la Fiscalía, de un operativo contra un presunto grupo armado que se alojaba en el hotel Las Américas. Este martes, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, negó que este documento hubiera salido desde su oficina.
“Aclaro este tema, jamás filtraría un tema como eso, es la cobardía de esos que aparecen en los medios dando información falsa o tergiversada. Que haya un periodista que me diga a quién he filtrado; esa es mi respuesta a esa canallada”, dijo Chávez en conferencia de prensa al ser consultado sobre la filtración del informe.
Chávez remarcó que lo que se conoce hasta ahora son especulaciones, incluido “un supuesto juicio en contra de una exautoridad”, y que ahora esta investigación de la CIDH está bajo un principio de confidencialidad por lo que no se puede comentar el fondo del mismo.
“No es público el informe porque no es un informe que el Estado lo esté refrendando. Es un informe que mantiene el carácter de confidencialidad, si es que es un informe, yo no he visto el texto, lo que está circulando son especulaciones. El texto oficial es algo que todavía está bajo confidencialidad y no debería ser objeto de especulación”, dijo Chávez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un informe aprobado el 21 de diciembre de 2021, concluyó que la madrugada del 16 de abril de 2009 el Gobierno boliviano ordenó la ejecución y torturas en contra de un grupo supuestamente armado en instalaciones del hotel Las Américas.
“En consecuencia, la comisión estima que las detenciones se produjeron de manera ilegal y arbitraria. El estado es responsable de la violación de su derecho a la libertad personal, basada en que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal ya que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condición fijadas en la Constitución, las leyes o partes dictadas conforme a ellas”, dice el documento.
Este operativo dio inicio al “caso Rosza”, también conocido como “caso terrorismo”, que se cerraría tras largos años de juicio y luego de que no se pudieran comprobar los delitos imputados.
Unitel
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