Según el análisis de exfiscales, abogados y expertos en el tema carcelario, la instalación de la cámara espía en la celda del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, implica la violación de dos derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y señala que los responsables de Régimen Penitenciario y los policías a cargo del penal de máxima seguridad de Chonchocoro cometieron al menos cinco delitos.
“Se está violando la intimidad a la que cualquier persona privada de libertad tiene derecho. Las Reglas de Mandela estipulan que las personas detenidas deben contar con una pieza, un espacio personal en la cual puede mantener su intimidad”, afirmó la directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), Emma Bolshia Bravo.
En contacto con Página Siete, la experta en la problemática carcelaria señaló que la instalación de la cámara en la celda del gobernador de Santa Cruz no genera un daño físico, pero sí un cuadro de ansiedad, estrés y temor por sentirse constantemente vigilado. Bravo señaló que el ITEI ya solicitó el ingreso al penal de Chonchocoro para entrevistarse con Camacho y establecer si es víctima de algún tipo de vulneración en sus derechos.
Dos exfiscales consultados por Página Siete, que piden reserva de su identidad por temor a represalias del Gobierno, citaron que la CPE y Ley de Ejecución Penal Nº 2298 establecen parámetros legales para el cumplimiento de las detenciones en las cárceles. A demás de la violación a su privacidad, con esta cámara Camacho fue víctima de tratos indignos.
Según el artículo 73, parágrafo I de la CPE: “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana”. Asimismo, el artículo 5 de la Ley 2298 establece que en los centros penitenciarios “prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos. Queda prohibido todo trato cruel, inhumano o degradante. Quien ordene, realice o tolere tales conductas será pasible de las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le correspondan”.
Por su lado, el abogado Ramiro Carrillo detalló que entre los delitos cometidos por el personal de Régimen Penitenciario y la Policía Boliviana están: 1. Incumplimiento de deberes, porque autoridades o subordinados permitieron el ingreso e instalación del aparato. 2. Obstrucción a la justicia, porque se violó el derecho a la confidencialidad entre sus abogados y Camacho. 3. Tráfico de influencias, debido a que un superior, con fines políticos, influyó en el personal para violar las normas carcelarias y no reportarlas. 4. Resoluciones contrarias a las leyes, porque un superior ordenó la vulneración de la privacidad del detenido. 5. Finalmente, el caso podría derivar en un proceso por trata y tráfico y pornografía, en caso de que las imágenes sobre la intimidad entre Camacho y su esposa fueran difundidas por algún medio.
Consultados por este medio, desde la Defensoría del Pueblo se comunicó que esa instancia solicitó cinco requerimientos de informe escrito (RIE) a las instituciones involucradas en la denuncia de espionaje en la celda del gobernador Camacho. Régimen Penitenciario, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y la Fiscalía son tres de las instituciones que deben responder.
Jordán: El Gobierno ha grabado mi intimidad y mi dignidad
La esposa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Fátima Jordán, denunció que le faltan palabras para describir la indignación que siente al conocer que el Gobierno grabó, por medio de una cámara espía instalada en la celda de su esposo, la “intimidad y dignidad” que tienen como pareja.
“Quiero denunciar un grave abuso que el Gobierno ha cometido en contra de mi condición de mujer. El Gobierno ha puesto cámara escondida para grabar donde tienen injustamente secuestrado a mi esposo Luis Fernando Camacho, soy la persona que lo acompaña en su celda y con esas cámaras escondidas el Gobierno ha grabado como mujer mi intimidad y mi dignidad como pareja”, denunció ayer en conferencia de prensa.
En contraparte, policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), encabezados por su director, Rubén Lobatón, presentaron ayer una denuncia contra los abogados del gobernador Camacho, en la que alegan que fueron agredidos verbalmente y discriminados cuando el viernes 27 de enero se negaron a recibir una denuncia por el caso de la cámara espía.
Exigen renuncia del director Limpias
Mira también
Legisladores de la bancada de Creemos y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) exigen la renuncia del director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, a quien señalan por la instalación de una cámara espía en la celda del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
“Pedimos la cabeza del director de Régimen Penitenciario, debe renunciar porque es un incapaz y mentiroso”, declaró la diputada Laura Rojas.
El fin de semana, Limpias calificó la denuncia de falsa e incluso planteó la teoría de que la cámara fue introducida al penal de manera irregular por los allegados de Camacho.
Rojas cuestionó la postura del funcionario y afirmó que según el testimonio de los testigos, el momento de ser hallada la cámara espía estaban el médico, el custodio y efectivos policiales.
“Son machos para colocar cámaras, son machos para encarcelar a la gente, pues que sean machos y valientes para asumir las consecuencias de sus actos”, afirmó el representante del Conade, Manuel Morales.
Página Siete
