El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) busca que se prohíba que Jhasmani Torrico ejerza como abogado desde el penal de San Sebastián, donde cumple sentencia de seis años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro y lesiones. El sentenciado, que amenaza a medios y busca su libertad, tiene acceso a un equipo móvil y otros privilegios restringidos a los privados de libertad.
“Es un interno más del penal. No goza de influencias ni poder, pero trabaja como abogado. No sé cómo hace para trabajar desde la cárcel, pero todos saben que es abogado y por eso anda asesorando a los internos”, dijo un sargento de la Policía que custodia el penal San Sebastián de la ciudad de Cochabamba, donde Jhasmani Torrico cumple sentencia por el “Caso Mecánico”.
Hace una semana, Torrico se benefició con detención domiciliaria, pero sigue en prisión debido a la apelación que presentaron el Sepdavi y el Ministerio Público. El abogado se hizo conocido a nivel nacional luego de que en 2019 se filtrara un video en el que se lo ve cobrando deudas a sus clientes con métodos de tortura.
El 25 de febrero de este año fue sentenciado a seis años y seis meses de reclusión en San Sebastián por secuestrar y torturar –por varias horas- al mecánico Juan Antonio Cuéllar en 2018. La víctima ahora vive atemorizada por amenazas y represalias contra él y su familia.
Abogado desde la cárcel
El sargento de la Policía explica que Torrico recibe pocas visitas de familiares, pero sí muchas de abogados de su equipo jurídico, con quienes aún ejerce la abogacía desde el penal.
El policía asegura que entre sus clientes están los privados de libertad del centro penitenciario donde cumple condena, pero desconoce si cobra o si recibe alguna gratificación por sus servicios. “Se acercan (los reclusos) a Jhasmani y le andan preguntando algunas de sus dudas jurídicas ”, afirma el guardia.
Cada día, Torrico sale casi del penal, custodiado por un policía, para recibir tratamiento de fisioterapia para su pierna derecha, que estuvo a punto de ser amputada.
A finales de marzo se evidenció que Torrico ejerce Derecho luego que solicitara participar como abogado defensor de Jorge Sneyder Q. W., el principal acusado del feminicidio de la exreina de belleza de Warnes Carla Callaú.
Entonces, solicitó una audiencia mixta: él desde el penal y los abogados de la víctima de forma presencial en el juzgado. Esa solicitud fue negada por el Tribunal de Sentencia N° 1 de Sacaba.
Acceso a móviles
El coordinador del Sepdavi, Vladimir Pérez, aclara que no es ilegal ni vulnera ninguna norma que Torrico ejerza la abogacía desde el penal. La irregularidad radica en el hecho de que estaría usando móviles o celulares para comunicarse con su equipo jurídico o sus clientes.
Los reclusos tienen prohibido usar o portar equipos móviles dentro del penal, advierte.
“Existe una normativa para los privados de libertad. Está terminantemente prohibido el uso de dispositivos móviles y entiendo también que eso constituye una falta grave de sanción dentro del penal. No me consta, pero sé que ha estado asistiendo a algunas personas dentro del penal. No tengo documentada esa información, pero al hablar con el Ministerio Público en una reunión que hemos tenido, hemos advertido esa irregularidad”, dijo Pérez a Página Siete.
Anticipa que desde el Sepdapi y el Ministerio Público se agiliza en la extensión de requerimientos para prohibir que Torrico siga ejerciendo la abogacía estando recluido.
“Ya se están emitiendo los requerimientos por parte del Ministerio Público para poder establecer aquello y la irregularidad de esa conducta. Está incurriendo en faltas graves que amerita sanciones”, añade.
Además, advierte que si tiene acceso a un celular, existe la posibilidad de que amedrente a las principales víctimas que se atrevieron a denunciarlo: el mecánico Juan Antonio Cuéllar, a quien secuestró y “torturó” en 2019 para obligarlo a firmar un documento reconociendo el inexistente pago de 20.000 dólares de un anticrético; y su padrastro Julián Antonio Torrico, quien fue golpeado y encañonado con arma de fuego en 2017 para forzarlo a firmar un documento que le llevó a perder su casa.
“Si tiene acceso a dispositivos móviles, que es prohibido dentro del penal, se está comunicando con terceras personas y puede amenazar a las víctimas”, asegura Pérez.
El coordinador está convencido de que Torrico tiene acceso a un móvil porque en el juicio contra Jorge Sneyder Q.W. solicitó que se realice una audiencia virtual mientras estaba preso.
Tribunales de ética
A propósito del caso, el ministro de Justicia, Iván Lima, se refirió a la importancia de conformar tribunales de honor o ética para regular y sancionar a los abogados que incurran en delitos y faltas éticas, como las transgresiones cometidas por Jhasmani Torrico en el ejercicio de su profesión.
“Necesitamos los tribunales de honor (de ética). El caso de Jhasmany Torrico es un típico ejemplo de cómo hemos permitido que se llegue a esa situación por no autorregularnos como abogados”, dijo Lima.
Página Siete intentó comunicarse sin éxito con el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, y con la directora departamental en Cochabamba, Estrella Rocha.
Buscan anular el fallo de detención domiciliaria para Torrico
“No estamos de acuerdo con la cesación de su detención (del abogado sentenciado Jhasmani Torrico). Por el momento sigue recluido. Transparencia tuvo una reunión con el representante del Consejo de la Magistratura para exigir el cumplimiento de los plazos de remisión de la apelación ”, afirma el titular del Sepdavi, Vladimir Pérez.
El Sepdavi y el Ministerio Público apelaron la decisión de la jueza de Quillacollo Salomé Guzmán, quien dictó arresto domiciliario en favor de Jhasmani Torrico, conocido como el “abogado torturador”.
Además de la detención domiciliaria, a Torrico se le impuso el arraigo y una fianza de 80.000 bolivianos. El sentenciado aún no inició el trámite de arraigo o fianza, por lo que la decisión judicial está en pausa mientras dure la apelación.
Igualmente, el Ministerio Público y el Sepdavi pedirán la ampliación de la condena de Torrico a 13 años, como inicialmente planteó la Fiscalía en el caso del mécanico. Tiene otro juicio pendiente.
Observan vulneraciones a la Ley de Imprenta vigente
Instituciones rechazan proceso que sigue el abogado contra 13 medios
Al menos siete instituciones que velan por los derechos y la libertad de expresión mostraron su rechazo al proceso iniciado por el abogado sentenciado Jhasmani Torrico a 13 medios de comunicación del país por los delitos de difamación, calumnia e injuria.
Estas instituciones que expresaron su rechazo público al proceso a los medios son: la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Sociedad Interamericana de la Prensa, el Ministerio de Justicia, el Defensor del Pueblo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, la Asociación de Periodistas de La Paz y de Cochabamba.
“La Misión expresa su preocupación ante la conminatoria judicial emitida en Cochabamba para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados a un caso de interés público”, señaló la Oacnudh.
“A nosotros solo nos pueden procesar por la vía del Tribunal de Imprenta. Eso dice la ley, los jueces solo tienen que cumplir”, afirma el presidente de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, David Ovando.
La jueza Sofía Camacho Almanza, del Juzgado de Sentencia Penal N° 9 de Cochabamba, dio curso a la petición de Torrico de conminar a 13 medios de comunicación del país para que entreguen todo lo publicado sobre él desde julio de 2018 hasta 2021. Además, solicita nombres completos de periodistas, editores, directores y de las personas relacionadas con la edición y titulación de las notas.
Argumenta que dichas publicaciones mellan su dignidad, exponen repetidamente aspectos de su vida personal, familiar y privada haciéndole “afirmaciones difamatorias, injuriosas” utilizando “calificativos peyorativos”.
El pasado lunes, el viceministro de Justicia, César Rojas, instruyó seguimiento al fallo contra los medios. “Desde el Viceministerio de Justicia vamos a hacer un seguimiento a lo dispuesto por la jueza Camacho, por cuanto consideramos que es una vulneración flagrante de la Ley de Imprenta”, dijo.
El caso, las víctimas
El abogado Jhasmani Torrico se hizo conocido a nivel nacional luego de que en 2019 se filtrara un video en el que se lo ve cobrando deudas con métodos de tortura.
- 2 víctimas se atrevieron a denunciar a Torrico: el mecánico Juan Antonio Cuéllar, a quien secuestró y torturó para cobrar una deuda. Su padrastro Julián Torrico también lo denunció.
- Mecánico El 16 de marzo de 2018 tres hombres llegaron al taller de Juan Antonio Cuéllar, quien fue reducido y torturado durante horas hasta que firmó el compromiso de pagar $us 20.000 de un anticrético.
- 3/19 Cuéllar reconoció a los que participaron en su rapto y torturas y señaló a Torrico como el jefe de la supuesta organización que involucraba a policías, jueces y fiscales.
- Sentencia El 25 de febrero de 2021, Jhasmani Torrico fue hallado culpable por los delitos de secuestro y lesiones. Lo sentenciaron a seis años y seis meses de privación de libertad, que cumple.
- Medios El 22 de abril pasado, 13 medios de comunicación fueron notificados por el Juzgado de Sentencia Penal N° 9 de Cochabamba por una demanda presentada por Torrico por difamación y calumnia.
- 22/4 La jueza de Quillacollo Salomé Guzmán determinó, la noche del 24 de abril, arresto domiciliario en favor de Jhasmani Torrico. La decisión fue apelada y el abogado continúa en el penal.
Página Siete
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