El Ministro de Gobierno sorprendió. Denunció en un informe escrito solicitado por la asambleísta de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar que el Ministerio de Defensa no quiso firmar un convenio para la lucha contra el narcotráfico que implicaba compartir información de los radares que tiene la Fuerza Aérea, “porque eso atentaría contra la seguridad del Estado”. La diputada peticionante lo acusó de encubrir al narcotráfico y Edmundo Novillo guarda silencio y desde su despacho anuncian que podría responder este miércoles.
“Estamos hablando de que por parte del Ministro de Defensa habría un encubrimiento flagrante al narcotráfico. Protege a estas avionetas que transportan droga en las rutas de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Paraguay. Edmundo Novillo tiene que dar una respuesta clara y concreta”, dijo la diputada.
Novillo optó por el silencio. Pero, desde su despacho informaron que anoche analizaba la información y que hoy podría pronunciarse al respecto.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el 22 de julio, remitió una respuesta a una petición escrita a la diputada Nayar en la que “remite información de los actuados realizados para llevar adelante convenios y acciones con el Ministerio de Defensa para la utilización de radares adquiridos para la lucha contra el narcotráfico, desde 2020 hasta la fecha”.
Del Castillo explicó que, por iniciativa de su despacho, en enero de 2021, la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Dgfelcn) sostuvo reuniones con miembros del Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo (Cosdea), en las cuales se manifestó la intención de suscribir un instrumento legal, que permita a ambas instituciones en el marco de sus competencias, ejecutar un acuerdo estratégico operacional para el control coordinado del tráfico aéreo irregular; intercambio de información y acciones bimestrales contra el narcotráfico.
Por lo tanto, una división de la dirección general de la Felcn emitió un informe técnico, el 1 de marzo de 2021, referente al proyecto de convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Gobierno y el de Defensa, a través de la Fuerza Aérea Boliviana y Cosdea, que tenía por objeto realizar un “efectivo control del espacio aéreo, neutralizando la modalidad del narcotráfico conocida como puente aéreo”.
En el punto tres del informe del Ministro relata que el citado informe estableció la necesidad de coordinar con la Fuerza Aérea para el uso de radares que permitan el control del espacio aéreo, en las operaciones de control y lucha contra el narcotráfico; “concluyendo que el proyecto de convenio cumple con las necesidades técnicas y operativas para la aplicación y uso del sistema integrado de seguridad, defensa aérea y control del espacio aéreo, en las actividades de la dirección general de la Felcn en la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional”.
Luego, la dirección general de asuntos jurídicos del Ministerio de Gobierno, emitió un informe el 30 de abril de 2021, en el que concluyó que el citado convenio se consideraba viable legalmente porque no vulneraba ninguna disposición normativa vigente “y coadyuvará a la ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, en el artículo 42, referente al deber de coordinación entre instancias especializadas de investigación y análisis de lucha contra el narcotráfico, por lo que recomendó su remisión al Ministerio de Defensa”.
El ministro, en este punto, establece que “sin embargo, el ministerio de Defensa remitió copias del informe técnico 03/2021 de 9 de julio de 2021, el cual señala que ‘la transmisión de imágenes en tiempo real de vuelos regulares sería atentar contra la Seguridad del Estado, para lo cual se debe establecer los canales correspondientes de transmisión de información… rechaza y no reconoce la factibilidad ni viabilidad del mencionado proyecto de convenio interinstitucional por los requerimientos que no aplican al alcance ni finalidad de las tareas operativas a realizarse, enmarcadas en la normativa aplicable”.
Del Castillo informó que cursó notas el 19 de julio, 30 de agosto, 15 de septiembre de 2021, y 24 de enero de 2022 reiterando “la imperante necesidad de contar con este instrumento que permita desarrollar un trabajo conjunto de coordinación…De la relación de hechos descrita precedentemente, se evidencia que el ministerio de Gobierno, desde inicio de 2021, realiza las gestiones necesarias”, dice.
El Deber
Síguenos en FACEBOOK
Mira también
Comentarios