La Asociación Boliviana de Derechos Humanos (ABDH) pidió la recaptura del empresario cruceño Mario J. P. liberado por el fiscal Juan Pablo Sánchez Saavedra. El abogado de la víctima informó que el empresario fue denunciado y arrestado por violación a su excónyuge D.V.R. quien pide justicia y no encuentra ni en el Ministerio Público ni la justicia de Santa Cruz.
El representante de la Asociación Departamental de Derechos Humanos- Santa Cruz, Víctor Hugo Velasco, declaró que se adhirieron a la denuncia formulada por el abogado Fabricio Choque y de manera conjunta denunciaron favorecimiento del fiscal al presunto autor de violación.
El hecho de violación habría ocurrido el pasado 14 de enero de 2023 en el domicilio de la víctima quien acudió a instancias policiales a presentar denuncia y al día siguiente el empresario fue arrestado por la Policía Boliviana y fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Indicó que presentaron al fiscal el informe médico forense, el examen psicológico y valoraciones sociales que no fueron tomados en cuenta por el fiscal Sánchez y, al contario, le “otorgó un premio” disponiendo su libertad, comentó el abogado denunciante.
Manifestó uno de los argumentos del fiscal es que el examen forense practicado al empresario informa que éste no tenía ni un rasguño en el cuerpo para suponer que haya cometido el acto de violación. Sostuvo que por ese motivo el empresario fue liberado y el fiscal Sánchez otorgó a la víctima medidas de protección como la no de acercarse a ella ni tomar contacto con familiares cercanos.
Sin embargo, a las dos horas de haber sido puesto en libertad, llamó a la casa de la víctima y habló con su hijo menor de 8 años para decirle que ya estaba en su domicilio y si quería que le diga a su madre que lo traiga a la casa. El abogado Choque considera que este hecho constituye suficiente motivo para ordenar la aprehensión, esta vez por violar las medidas de protección.
Velasco informó que se apersonaron como terceros interesados ante el fiscal para garantizar que los derechos de la víctima puedan ser respetados y pedir la recaptura inmediata del empresario, dueño de la cadena de pollos Kiky en la ciudad de Santa Cruz.
Choque denunció también que hace 16 días enfrentan una serie de dilaciones del fiscal, quien a cualquier memorial responde que “se tomará en cuenta” o “pida conforme a los datos del proceso” sin tomar en cuenta que se trata de un presunto delito de violación que debería tener celeridad.
Sostuvo que en aplicación de la Ley 348, el empresario debió estar detenido y lejos de ello, el fiscal otorgó una serie de concesiones, sin considerar que Mario J. P. ya tiene antecedentes de violencia familiar registrado el 2012 cuando la ahora exesposa desistió una denuncia con el fin de continuar en vida conyugal.
Tanto el activista de derechos humanos como el abogado, manifestaron su extrañeza por la actitud de los operadores de justicia, incluido el silencio del fiscal departamental Roger Mariaca, además de las autoridades nacionales encargadas de prevenir y luchar contra actos de violencia contra las mujeres.
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