El Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo que contempla 13 radares, se encuentra en pleno funcionamiento desde el 5 de diciembre de 2022, pero no puede interceptar, derribar o destruir ninguna aeronave debido a la falta del reglamento de la Ley 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo promulgado en abril de 2014, por el entonces presidente Evo Morales.
Esta información fue proporcionada por el ministro de defensa, Edmundo novillo este jueves en el pleno de la cámara de senadores a una petición de informe oral que solicitaron los legisladores Henry Montero, Centa Rek, Julio Romaña y Claudia Eguez hace más de un año, pero que fue reprogramada en al menos cuatro oportunidades.
“A la fecha, si bien se realiza la identificación de aeronaves en el espacio aéreo boliviano a través del sistema integrado que se encuentra en funcionamiento, pero aún no se realizan interceptaciones de aeronaves sospechosas de actividades ilícitas. Esta acción debe responder a un proceso normado en el marco a la Ley 521, mismo que se encuentra en la fase final de elaboración y revisión”, respondió la autoridad a la pregunta seis del cuestionario de la petición de informe oral.
Novillo respondió una batería de 12 preguntas sobre la adquisición de los radares y su implementación, tomando en cuenta que en 2016 el gobierno firmó un contrato con la empresa francesa Thales Air Systems por 191.074.809 euros.
En ese sentido, la autoridad añadió que la instalación del sistema de control aéreo se encuentra en un 95.45% de avance. Dijo que una vez que se cuente con el marco normativo y todos los mecanismos técnicos, se iniciará oficialmente con las operaciones en el espacio aéreo, se estima la entrega final el 5 de septiembre del año en curso.
“Una vez aprobado el reglamento y se tenga todo preparado desde el punto de vista técnico operativo del Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo (COSDEA) se iniciarán oficialmente las operaciones del control del espacio aéreo en coordinación con la Felcn”, afirmó.
De acuerdo a la disposición transitoria primera de la Ley 521, se establece que la reglamentación será llevada a cabo por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa en coordinación con el Consejo de Coordinación Técnica-Operativa, en un plazo de 180 días computables a partir de la publicación de esa norma.
A la vez, Novillo indicó que hasta el momento el estado boliviano canceló a la empresa francesa 181.871.327,01 euros que corresponde al 95.19% del monto total. Dijo que el sistema tiene un conjunto de elementos y mecanismos de comunicación, acceso a internet y otros.
El senador de Creemos Henry Montero, uno de los peticionarios, cuestionó la ambigüedad en las respuestas que brindó la autoridad del Ejecutivo. Además, lamentó que no se haya entregado información sobre la ubicación de cada uno de los radares.
“El ministro dio respuestas ambiguas a este proceso de implementación y funcionamiento de los radares, otro tema que nos preocupa y lo hemos hecho conocer es que no respondió donde iban a estar ubicados ni cómo se seleccionó”, sostuvo.
Sobre ese punto, el ministro dijo que en el contrato existe una cláusula de confidencialidad que determina que no se puede revelar esa información, por lo que se limitó a entregar copias de las fotografías de los sitios radares sin datos de ubicación.
“Los sitios radares fueron determinados de acuerdo a datos técnicos de cobertura con ubicación estratégica, además estos sitios cuentan con servicios básicos energía eléctrica, servicio de internet y vías de acceso al sitio. Estos servicios fueron un requisito para determinar su ubicación”, señaló.
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Otra de las observaciones es que el sistema informático con el que operarán los radares, no es compatible con el mecanismo dela entidad de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) exAASANA, debido a la región donde se encuentra el Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, instalaciones que están en Cochabamba.
“El ministro manifiesta, y ahora se dan cuenta, que este sistema integrado no tiene la compatibilidad con el sistema que tiene Naabol, no van a poder coordinar por tema de distancia y esto da a atender que no van a operar con los radares civiles”, indicó Montero.
La Ley 521 permite la creación del Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, el cual establecerá los procedimientos operativos del sistema integral de seguridad y defensa aérea nacional, del sistema de vigilancia y control del espacio aéreo para la detección, identificación e interceptación de aeronaves.
Conflictos
De acuerdo al contrato, el sistema integrado debía ser instalado en 36 meses a partir de la firma del contrato, es decir que el plazo fenecía el primer trimestre de 2019. Sin embargo, Novillo expuso que la empresa tuvo problemas en la ejecución del proyecto, debido a conflictos con el ministerio de defensa y a la pandemia del coronavirus.
La empresa planteó un pago adicional de al menos 11 millones de euros con relación al presupuesto inicial, hecho que fue rechazado por el Estado boliviano debido a varios conflictos, pero este incremento fue rechazado porque el Decreto Supremo 2842 establece que no se pueden erogar recursos adicionales.
ANF
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