En Bolivia hay 208 casos de avasallamiento a la espera de ser resueltos y los casos registrados en los últimos días en el departamento cruceño pasan a engrosar esta lista, según el informe emitido por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
El ejecutivo se refirió al tema en una conferencia conjunta con el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, quienes expusieron que no debe haber tolerancia ante este tipo de delitos que están penados por ley, pero que hasta la fecha han sido esclarecidos por la justicia.
De estas 208 denuncias, algunas competen al INRA, otras a los gobiernos municipales (cuando se registran en zonas urbanas o periurbanas) y también hay casos que corresponden a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), cuando se toman tierras en áreas protegidas.
[Archivo] / Los avasallamientos no son frenados
El viceministro Guerrero ratificó la situación y remarcó que en los casos de propiedades particulares son los dueños afectados los que deben sentar denuncia, mientras que las tierras fiscales y áreas protegidas serán competencia del sector público.
Sobre la postura del Gobierno ante los avasallamientos, el viceministro expuso que es “bastante clara” y se la ha expresado en diferentes oportunidades que hay una lucha frontal contra los avasallamientos. “No vamos a permitir desde nuestro Gobierno que se avasallen tierras y propiedades privadas”, resaltó.
Ante este escenario y la aparición de diferentes denuncias de avasallamiento que hicieron eco en diferentes instancias, el viceministro expresó que los delitos son personales y los avasalladores deben ser procesados, por lo que pidió no estigmatizar a organizaciones sociales o grupos políticos.
Es por ello que la autoridad pidió a las autoridades judiciales, al Ministerio Público y a la Policía que impulsan a las investigaciones, dar con los avasalladores y procesarlos en el marco de la Ley.
Por otro lado, las autoridades informaron que el Gobierno conformó un Gabinete de Tierras, encabezado por el presidente Luis Arce y autoridades de cinco ministerios, tres viceministerios y tres direcciones, desde donde se analiza el proceso de distribución de tierras y casos relacionados.
El director nacional del INRA subrayó que “no se va a tolerar avasallamiento ni tráfico de tierras”, y recordó que este tipo de delitos está penado por ley, entre tres y ocho años de cárcel.
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