Ronald C. y su esposa Maribel R., propietarios de la empresa de Courier José María, fueron enviados a la cárcel con detención preventiva y la tercera persona fue puesta el libertad.
El abogado Ariel Góngora manifestó que durante la audiencia de medidas cautelares hubo mucha presión y amedrentamiento al juez para emitir dicha determinación y que, además, fue observado por dejar en libertad a la tercera persona.
Góngora detalló que la Unidad Anticorrupción ingresó a la oficina del juez y habrían querido detener a la autoridad judicial por emitir una resolución favorable para el tercer implicado en el caso.
«Al dictar su resolución el juez, el fiscal llamó a la unidad anticorrupción y subieron y ahorita lo están presionando o cambia su resolución o el se va preso, ósea le están diciendo, o la libertad de un persona o su libertad de él», afirmó el abogado.
El abogado afirmó que el juez habría constatado que no existían pruebas contra los imputados, pero fue presionado desde el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público.
Según las investigaciones, dicha empresa fue la que hizo el envío de la carga de droga desde Viru Viru hasta Madrid.
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