Una niña de 12 años que tiene 35 semanas de embarazo, recta final de la gestación, confesó haber sido violada por su cuñado en repetidas ocasiones. El agresor se encuentra con detención preventiva, por seis meses, en el penal de San Sebastián Varones y se enfrenta a 30 años de cárcel por violación agravada de infante, niña, niño o adolescente.
El caso se investiga en Tiquipaya, Cochabamba. La abogada María Leonor Oviedo informó a los medios de comunicación que ya no podrían acogerse a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) debido a que la víctima se encuentra en la última etapa de gestación y, un procedimiento de ese tipo, podría poner en riesgo su vida.
La Sentencia Constitucional 0206/2014 establece el acceso a un aborto legal y seguro en caso de que el embarazo sea producto de una violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo.
Dijo que la menor de edad, al igual que su entorno, necesitará un abordaje psicológico. En los próximos días, se tendrá que definir si la niña, víctima de violación, acepta al bebé o si es dado en adopción. Es un proceso doloroso y traumático y ninguna niña debería ser obligada a ser madre y atravesar por ese calvario.
Algunos casos de niñas embarazadas producto de violaciones se han hecho mediáticos porque si bien hay una Sentencia Constitucional que permite la ILE, distintos sectores han opinado a favor y en contra y varios incluso se han apostado en puertas de hospitales donde las víctimas estaban internadas para expresar su apoyo o rechazo.
La abogada pide Justicia pronta y oportuna. El artículo 308 bis del Código Penal dice que “si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de 14 años, será sancionado con privación de libertad de 20 a 25 años, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento”.
En caso de evidenciarse un agravante, como el embarazo, la pena alcanzará 30 años, sin derecho a indulto.
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