La red -que lideraba el ahora exjuez Rafael Alcón y que liberó al feminicida serial Richard Choque- elegía a sus potenciales clientes con ayuda de un operador que realizaba las diligencias desde la cárcel de San Pedro. El consorcio seleccionaba a reos sentenciados a 30 años de prisión por delitos graves, como feminicidios y asesinatos.
Todavía se investiga quién o quiénes son los contactos que operaban para la red dentro del penal, pero se sabe que existía una o más personas que se encargaban de proporcionar los datos de los reclusos sentenciados al consorcio.
“Estamos seguros de esos vínculos porque alguien les brindaba el detalle de todos los sentenciados, ya que ese informe no es público y eso lo debe tener un encargado del registro de todos los documentos y quizá era quien les facilitaba esos datos (porque sólo así se entiende por qué) las abogadas entraban al penal buscando justo al que tiene sentencia de 30 años o al que está en la cárcel por transporte de sustancias controladas”, dijo a Página Siete una autoridad que investiga el caso y que prefirió guardar su nombre en reserva.
Según la fuente, “en la cárcel se identificaba a los sentenciados con 30 años de prisión, luego entraban las abogadas al penal y en el interior de la cárcel (una persona) les entregaba la lista de todos los que tienen detención con 30 años de sentencia”. “Ahí ellas o las auxiliares de las abogadas aprovechaban -porque ya conocían los movimientos de cómo operaban- para ofrecer (a los reos) la salida (del recinto penitenciario) con certificados médicos y con algún juzgado de ejecución”, dijo.
La autoridad aseguró que llegaron a esa conclusión luego de “recibir y revisar las declaraciones” de varias personas durante toda esta semana.
En los primeros días de febrero dos abogadas, Marlene P. y Carmen S. M., fueron detenidas preventivamente por tramitar la detención domiciliaria por 18 meses del feminicida Richard Choque, sentenciado a 30 años de prisión por violar y matar a una joven en 2013.
Por la liberación de Choque, la justicia ordenó la detención preventiva del ahora exjuez primero de Ejecución Penal en La Paz Rafael Alcón, el exsecretario del Juzgado de Ejecución Penal Raúl G., dos trabajadoras sociales del juzgado (Yesica Ch. y Mary C. Ch.), y el médico Freddy T.
De acuerdo con la investigación, existen sospechas de algunos involucrados.
Ayer, Brayan B., un funcionario de Régimen Penitenciario de La Paz, fue a dar su declaración. “Él era auxiliar 2 y 3. Se encargaba de llevar la documentación a los recintos penitenciarios y a las instituciones externas”.
Según la fuente, en su declaración informativa “él dijo no tener mucho conocimiento, pero llamó la atención porque ya conocía a la abogada P., ya que antes ella era auxiliar del juez Alcón y de esa manera se conocieron, porque él también era asistente de un abogado. Se conocieron en el juzgado”.
Agregó que al ser auxiliares, ambos “ya conocían el movimiento al interior de los juzgados”.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que investigan si existe alguna participación en estos delitos de exfuncionarios de Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno. “Aún no tenemos indicios suficientes para aseverar esta postura”.
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Según la fuente a la que accedió Página Siete, este consorcio no sólo derivan los casos al juez Alcón, sino también trabajaba con otros juzgados de ejecución.
Indicó que dentro del juzgado de Alcón se encontraron otros cinco procesos con posibles irregularidades.
“Ahora tendríamos que abrir otras cinco causas, porque por más que sea el mismo juez y las mismas abogadas, en algunos caso varían los garantes y los médicos legistas, aunque el modus operandi es el mismo: a través de certificados médicos que establecían enfermedades, pedían detención domiciliaria”, explicó la fuente.
Solicitó a las autoridades del Consejo de la Magistratura intervenir dichos juzgados para identificar más casos.
Página Siete
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