El martes 8 de febrero, exactamente una semana después de que Página Siete publicó en portada la noticia de que había jóvenes pisacocas presumiendo de su actividad ilegal en la extendida red TikTok, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó a dos de ocho detenidos por este hecho, a quienes acusó de instigación pública a delinquir, fabricación y tráfico de sustancias controladas y apología del delito.
Pero además informó que en sólo ese operativo de captura fueron destruidas nueve fábricas de droga. Evitó precisar el lugar exacto de la captura y se limitó a señalar que ocurrió en Cochabamba, “en el límite con Santa Cruz”; sin embargo, la proyección que preparó la Policía para esa conferencia de prensa reveló que los narcotiktokeros operaban en las poblaciones de Chimoré, Ivirgarzama y Nueva Galilea, en el corazón del Chapare.
El 14 de enero de 2020, agentes antidroga llegaron hasta Valle Sacta, otro poblado en el centro del trópico de Cochabamba, a 46 kilómetros de Chimoré, y en siete horas de rastrillaje encontraron 15 fábricas de pasta base de cocaína, informó el entonces director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) Javier Maldonado.
Según el informe 2021 de la Felcn, en esa gestión se destruyeron 797 fábricas de cocaína, 25 laboratorios de reciclaje y 26 laboratorios de cristalización, la mayor parte de ellos en el trópico de Cochabamba, la Amazonia y en parques naturales.
Esos datos sustentan la conclusión de que Bolivia no solamente es un país de tránsito, sino un productor y exportador de droga, negocio que tiene su principal base de operaciones justamente en el Chapare, donde en 2017 la producción de coca fue legalizada y ampliada por el gobierno del cocalero Evo Morales, mediante la Ley 906. Hasta entonces, la Ley 1008 sólo reconocía como legales 12.000 hectáreas en los Yungas de La Paz y una pequeña porción en Yungas de Vandiola, en Cochabamba, pero con la nueva ley se legalizaron 7.700 hectáreas en el Chapare y se duplicó la cifra a nivel nacional (24.000 ha).
El último informe de monitoreo de cultivos de coca presentado en agosto de 2021 por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) establece que en el trópico de Cochabamba hay 10.606 hectáres y esa misma oficina reveló en 2011 que el 94% de la producción en esa zona no pasaba por el mercado legal.
Un estudio elaborado recientemente por el Grupo Multidisciplinario “Comunidad, Acción y Libertad” (CALI) concluyó que “los mayores beneficiarios de la Ley General de la Coca fueron los agricultores de la coca del trópico cochabambino, es decir, las bases sindicales de Evo Morales” y que “El efecto directo de la Ley General de la Coca fue el incremento de la producción de cocaína en el país, con una tendencia expansiva permanente, lo que, a su vez, ha generado aumento en la violencia social, disminución de la seguridad ciudadana y crecimiento del consumo interno de drogas”.
Carlos Börth, exparlamentario y analista, quien forma parte de ese grupo de análisis, dijo que con la aprobación de esa ley ahora el narcotráfico mueve en el país unos 200 millones de dólares al año, lo que explica, en su criterio, que varios jefes antidroga hayan acabado formando parte de este círculo delictivo.
Explicó que en 2014, antes de la aprobación de la Ley 906, la producción potencial de droga era de 30 toneladas métricas al año, cifra que ahora subió a 79 toneladas. Agregó que, tomando en cuenta que el precio del kilo de cocaína es de $us 2.500, sólo 70 toneladas representarían 175 millones de dólares, aunque si se considera que el precio subió a $us 3.500 debido a la pandemia, la cifra sube a $us 245 millones. “Cada año, en los últimos siete a ocho años, la cadena coca-cocaína en Bolivia ha estado percibiendo alrededor de $us 200 millones. Semejante cantidad de recursos es lo que explica que varios jefes policiales se involucren en este negocio”.
En enero fue arrestado el coronel Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas en la gestión de Morales, requerido por la justicia de Estados Unidos por haber colaborado a una organización de narcotraficantes, según una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). No es el único, también es investigado otro exjefe antidroga de esa misma gestión, el coronel Alexander Rojas Echeverría.
El floreciente negocio no solamente atrajo el interés de policías corruptos, sino también de organizaciones criminales como el peligroso Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, que instaló un centro de operaciones en el Chapare. Según un reporte publicado en 2020 por InSight Crime, un medio internacional de comunicación que investiga temas de seguridad de Estado, “se sabe que el grupo (PCC) ha adquirido propiedades en la región del Chapare, en Bolivia” con el propósito de facilitar el transporte de pasta base de cocaína, tal como hizo en el estado de Mato Grosso (parte de la ruta de la droga) donde adquirió muchas propiedades rurales.
La información fue proporcionada por Marcio Sergio Christino, fiscal estatal en San Pablo y coautor de un libro que investigó al PCC. “Bolivia es el origen de la cocaína que el PCC transporta y vende”, declaró.
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Se conoce además que no solamente el PCC opera en la zona, sino también el Comando Vermelho. El director de la Felcn, José María Velasco, reveló el 25 de enero que ambas organizaciones disputan el control de la frontera. Lo hizo cuando fue acribillado en Santa Cruz el narco brasileño Marciel Ribeiro de Oliveira, quien fugó de la cárcel pública de Anápolis en 2017 y se instaló en esa capital.
Para legisladores de la oposición, este panorama pone en riesgo la seguridad interna del país. “Hay narcotráfico y bastante narcotráfico, hemos dejado de ser un país que produce pasta base y ahora nos convertimos en un país que alberga narcotraficantes (…) Es muy complicado, porque el narcotráfico no viene solo, viene con trata y tráfico, violaciones y mucha violencia”, advirtió, por ejemplo, la senadora Andrea Barrientos (CC).
El diputado Erwin Bazán, de Creemos, sentenció que “el Chapare es el corazón del narcotráfico en Bolivia” y coincidió en que la expansión de esta actividad estará acompañada de violencia y, además, alentará el consumo interno. “Hay un sistema que produce cocaína en el país y la sociedad es víctima”, dijo.
Para el oficialismo, lo que hay es un plan para desprestigiar a los cocaleros del Chapare, alentado por EEUU y por la oposición. “Se debe investigar, pero no difamar a los productores de la hoja de coca”, opinó el diputado Alberto Quispe (MAS).
El propio Morales se refirió a este asunto en un tuit y advirtió que “prestarse a la conspiración de la DEA es traicionar la lucha del pueblo boliviano”.
El diputado cocalero Leonardo Loza (MAS) dijo que incluso se desató una persecución contra algunos de ellos y agregó: “No tenemos nada que temer. Nunca nos hemos involucrado con el tema del narcotráfico”.
Nosotros no tenemos nada que temer. Nunca nos hemos involucrado con el tema del narcotráfico
Leonardo Loza, diputado cocalero del MAS
Página Siete
