El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció este sábado que se ha instruido la investigación de más operadores de justicia que favorecieron con sus determinaciones a privados de libertad acusados y sentenciados por delitos graves.
En ese marco, la autoridad puntualizó que se identificó a un segundo juez, José Ayaviri Siles, vinculado a la liberación de dos personas condenadas.
“Se puede deducir que este señor juez José Ayaviri Siles también tenía una red con la cual beneficiaba a las personas privadas de libertad que ya tenían una condena ejecutoriada en nuestro país”.
Del Castillo hizo esas aseveraciones tras presentar a varios aprehendidos por la policía, entre ellos, Seferina Quispe y Rómulo Maldonado, sentenciados por asesinato y narcotráfico, respectivamente, quienes fueron liberados por la misma autoridad jurisdiccional.
“Con la Policía Boliviana se ha iniciado un proceso de investigación en contra de esta exautoridad judicial”.
En el caso de la mujer recapturada, ella había sido condenada a 30 años de presidio sin derecho a indulto en 2002 mediante la sentencia 58/2002 por el delito de asesinato de sus dos hijos. Sin embargo, fue beneficiada con detención domiciliaria por el cuestionado juez.
“Esta señora habría matado en 2002 a dos de sus hijos de ocho y diez años. No obstante, la justicia a través de algunos malos administradores fue beneficiada por el señor juez José Ayaviri Siles. Este caso, a pesar de no ser un feminicidio, ingresa a la categoría infanticidio, un delito igual de grave donde la implicada fue beneficiada con el mismo modus operandi similar a la que son beneficiados feminicidas y violadores”.
Del Castillo agregó que Rómulo Maldonado fue sentenciado por el delito de narcotráfico en 2017 y también fue favorecido por el mismo juez con detención domiciliaria. En ese contexto y tras una investigación, el 11 de febrero fue aprehendido en un domicilio de la Avenida Bolivia de la ciudad de El Alto.
A raíz de este último caso, la autoridad enfatizó que se investigará la situación de las personas sentenciadas por narcotráfico, no se descarta que hayan sido beneficiados por malos operadores de justicia.
“Estamos hablando de que también se va a investigar por parte del Ministerio de Gobierno aquellas personas vinculadas al narcotráfico que hayan sido beneficiadas por jueces corruptos al interior de nuestro país”.
Del Castillo puntualizó que en el país existen 18 juzgados de ejecución penal, los cuales serán sujetos a investigación por parte de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio para establecer si hubo favorecimiento a privados de libertad.
La Razón
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