El biólogo y exdirigente campesino Juan Santos Cruz renunció el viernes al cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua, luego de ser acorralado por denuncias de supuesto cobro de “coimas” a empresas adjudicatarias de obras. Se convirtió en la cuarta autoridad en salir del Gobierno de Luis Arce por presuntos hechos de corrupción y nepotismo.
“No siendo mi deseo empañar todo el trabajo que realizamos en favor del pueblo boliviano (y) para defenderme como persona natural he tomado la firme decisión de presentar mi renuncia irrevocable de ministro de Medio Ambiente y Agua, reafirmando mi compromiso de seguir trabajando desde donde me encuentre en favor de las y los bolivianos, como un soldado del proceso de cambio”, refiere la parte final de la carta de Santos que fue leída ayer sábado por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
La exautoridad hizo un breve resumen de los “logros” que consiguió mientras dirigió esa cartera de Estado. “En estos dos años y medio he trabajado por el pueblo y para el pueblo, gestionando y ejecutando proyectos para los sectores más necesitados”, sostuvo y añadió algunas obras.
Sobre las acusaciones en su contra, el exministro insistió en que existe un ataque mediático en su contra por parte de la “derecha radical y enemigos internos”.
Aunque afirmó que se defenderá ante las instancias judiciales, se sabe que el viceministerio de Transparencia no lo denunció ante la Fiscalía, que definió la detención de dos funcionarios, uno de ellos su sobrino Jhonny A. S. S., por el delito de enriquecimiento ilícito.
Desde el 21 de marzo se hicieron públicas denuncias contra el exministro de Medio Ambiente. El diputado Gualberto Arispe (MAS) fue el primero en mostrar evidencias de chats y fotografías de bienes inmuebles que le llegaron de forma anónima. Luego, miembros de la Coordinadora Departamental de Servicios Básicos y Medio Ambiente de La Paz, denunciaron corrupción en los procesos de adjudicación de obras y otros hechos irregulares.
Finalmente, el 11 de mayo, el medio Rimay Pampa publicó el testimonio de una exfuncionaria y principal “cobradora de las coimas”, quien reveló que recaudó más de Bs 20 millones de comisiones de empresas.
La mujer señaló que desde octubre de 2022 buscó a diferentes autoridades para que actúen frente al ilícito y, sin respuesta, acudió a los medios de comunicación dejando el anonimato porque fue amenazada de muerte en tres ocasiones. Admitió que tiene un cierto grado de culpa por haber colaborado con Santos, incluso en el financiamiento de sus carreras automovilísticas.
Las “comisiones” se entregaban en efectivo en el despacho del exministro y otros lugares acordados con los responsables de las empresas. Otros pagos se hicieron a través de transferencias bancarias, pero no a nombre del ministro, sino a unas diez personas que presuntamente eran utilizadas.
Sobre los bienes inmuebles, existirían al menos 30 documentos de compra-venta que están a nombre de “palos blancos”, es decir, familiares o conocidos del exministro, según dijo la denunciante a DTV.
La recaudadora indicó que una de las detenidas por este caso, la funcionaria Rosa Viviana B. era la encargada de las construcciones del exministro y de algunas compras de inmuebles en Cobija y Tarija. Algunas compras se hicieron a allegados del senador Luis Adolfo Flores, del MAS.
Tras el escándalo por un artículo de prensa, la mujer fue contactada por un colaborador de Santos que ofreció $us 500.000 por su silencio y para que salga del país. Se conoce que llevó a Santa Cruz la suma de $us 50.000, una parte de lo ofrecido.
Sobre el otro implicado, el sobrino del ministro, dijo que Santos buscaba la forma de sacarlo del país, porque varios de los bienes adquiridos estaban a nombre de este joven, entre ellos un frigorífico en Cobija.
“Me comentaron que (el ministro) estaba viendo la manera de cómo sacarlo (del país) a su sobrino Jhonny S., el que ha sido detenido en Tarija”, indicó. Agregó que otros bienes están a nombre de Fernando T., cuñado de la exautoridad, y otro sobrino que trabajaba como chofer.
Reacciones
La renuncia de Juan Santos tiene “sabor a poco” para opositores y oficialistas, especialmente para los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), que se sienten “avergonzados” porque la exautoridad fue dirigente de esa organización. Los evistas piden arraigo y congelamiento de las cuentas del exministro; temen que escape del país.
“Exigimos que el Ministerio Público investigue objetivamente este caso. No puede ser un campesino, un exdirigente de la Csutcb como el señor Juan Santos esté involucrado en hechos de corrupción. La Cesutcb no va a socapar”, sostuvo el dirigente Omar Ramírez.
Humberto Claro, secretario de Comunicación de la Csutcb, dijo que consideran como “una doble traición al proceso de cambio” que un exintegrante esté involucrado en un hecho tan grave.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes dijo que la dimisión de Santos Cruz no debe cesar las investigaciones y, en consecuencia, deberá devolverse el dinero “malversado”. Pidió reencaminar el Gobierno y cambiar de gabinete, empezando por el de Obras Públicas con denuncias de coimas.
Ramiro Venegas, diputado evista, cree que la renuncia “es para escaparse” y sugirió al presidente Luis Arce pedir el arraigo y aplicar medidas precautorias. “Cuidado que se vaya mañana y esté apareciendo en Estado Unidos disfrutando la plata de los bolivianos”, enfatizó.
Agregó que la justicia no solo debe sancionar a los bajos rangos, sino también a los actores intelectuales de la corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Otras salidas de ministros
En dos años y medio del Gobierno de Luis Arce cuatro ministros estuvieron involucrados en casos de corrupción y les costó el cargo. A la reciente renuncia de Juan Santos se suman los casos de Edwin Characayo, Wilson Cáceres y Adrián Quelpa.
El primero caso data de diciembre de 2020, a 21 días de que Luis Arce conformara su gabinete. El entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, era destituido del cargo luego de que se revelara que contrató a su expareja como jefa de gabinete.
Un lío de faldas y una mentira convirtieron al exdirigente de la Federación Departamental de Interculturales en Santa Cruz en el primer ministro apartado.
En su reemplazo, el presidente Luis Arce posesionó a Edwin Ronald Characayo Villegas. Pasaron cinco meses y se desató un nuevo escándalo de soborno.
El 13 de abril de 2021, Characayo era apresado porque lo encontraron infraganti recibiendo $us 20.000, de acuerdo a las investigaciones era un adelanto de un total de $us 380.000 que pretendían cobrar para no revertir la propiedad “El Triunfo II” en Santa Cruz.
En septiembre de 2022, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz determinó ocho años de cárcel para Edwin Characayo y para el exdirector Hiper García.
El tercer caso involucra al exministro de Educación, Adrián Quelca, quien dimitió de su cargo un día después de que la Fiscalía lo imputara por el presunto delito de tráfico de influencias y pidiera su detención domiciliaria.
El caso fue iniciado a denuncia de la entonces viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama. Según la querella, Quelca habría enviado instrucciones mediante WhatsApp a un alto funcionario para favorecer o perjudicar a determinados postulantes en el proceso de designación de cargos directivos. La causa fue llamada “chanchullos”.
El 14 de julio de 2022, el exministro de Educación fue sobreseído y resultó liberado de un proceso judicial por el delito de incumplimiento de deberes en el cual estaba imputado desde el año 2021.
El Deber
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