¿Cobros por sentencias? El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) atendió un caso de demanda laboral en la que un trabajador solicitaba a una empresa el pago de sus beneficios sociales pero, para que el fallo saliera a su favor, un funcionario de la más alta institución judicial del Estado le habría pedido 20.000 bolivianos.
El litigante cumplió con la solicitud y la sentencia salió a su favor, pero no en las condiciones acordadas; entonces, exigió la devolución del dinero y, le habrían hecho un depósito bancario con ese mismo monto.
Según la denuncia a la que accedió CORREO DEL SUR, el caso llegó a la Sala Social Primera del TSJ, donde trabajan los magistrados José Antonio Revilla y Esteban Miranda; el funcionario en cuestión, de acuerdo con fuentes de este periódico, sería “asesor” del primero.
Este medio intentó obtener la versión de Revilla, quien no respondió a las llamadas por teléfono celular y en el TSJ informaron que se encuentra con baja médica desde hace casi un mes.
EL CASO
El caso del litigante llegó al TSJ dentro de un recurso de casación en el que esta persona demanda el pago de salarios a una empresa hidrocarburífera que lo desvinculó.
En los juzgados civiles de primera instancia, en Santa Cruz, no le dieron el monto que él pedía, y, entonces, acudió a la última instancia de la justicia, el TSJ, en Sucre, que no se pronunció con una sentencia durante varios meses y por eso, entre noviembre y diciembre de 2022, el litigante intentó hablar con el magistrado Revilla, pero no logró su cometido porque esa autoridad gozaba de la vacación judicial colectiva.
A través de una tercera persona, consiguió el contacto de un funcionario de la referida Sala –el presunto asesor de Revilla–, y llegó hasta él con el pedido de que se aplique el “debido proceso”, es decir, que se actúe conforme a ley y se ordene el pago justo de sus salarios devengados.
7% PARA CASACIONES
El funcionario –cuyas iniciales son J.A.C.B.– primero le dijo que no se preocupara y que se haría un análisis justo de su caso. Pero también le manifestó que el expediente estaba en manos de otras personas a las que había que “reconocerles”, y que ese reconocimiento era del 7 por ciento del monto demandado, lo que supuestamente “se cobra” en las casaciones.
El litigante le dijo que no tenía ese dinero, que atravesaba por una difícil situación económica y que lo único que pedía era que actúen en el marco del debido proceso. Después de pensarlo, le pidió esperar un tiempo para conseguir al menos la mitad de esa suma, y el funcionario le respondió que el dinero no era para él y que consultaría con dos personas que, según dijo, tenían que ver con la sentencia. Por último, le dijo que debía entregarle el dinero antes de una determinada fecha.
Cuando fue a cumplir con esa exigencia, el supuesto asesor, sorpresivamente, le aseguró que el fallo había salido con el monto que él demandaba; incluso le entregó una fotocopia, pero con la sorpresa de que la sentencia de casación establecía una cifra menor a la solicitada.
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Ante esta situación, el litigante reclamó al funcionario y la respuesta que recibió fue que “no se pudo hacer más” porque había pagado “tarde”.
A continuación, el presunto extorsionado instó al “asesor” a que le devuelva los Bs 20.000, y el conminado le dijo que para evitar problemas hablaría con las dos personas involucradas en el fallo. Pero eso sería en unos cinco días.
Dentro de ese plazo, el funcionario hizo un depósito con dicha suma en una cuenta bancaria que el litigante ofreció, haciendo figurar la transacción como una compra de una motocicleta.
NO SERÍA EL ÚNICO COBRO
En el mismo TSJ se conoció que este funcionario, en otro caso, habría cobrado $us 15.000, y que tiene denuncias penales por otros hechos en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
En el foro de abogados es un secreto a voces que los cobros por sentencias “son normales” en los tribunales del Órgano Judicial, pero, “la corrupción no deja factura” y por eso no se conocen más denuncias.
“¿Por qué demoran los fallos?”, consultó este periódico. “Porque la negociación lleva su tiempo”, respondió un jurista, que prefirió mantener su identidad bajo el anonimato.
OTRO CASO
En febrero de 2018, cuando recién asumió como magistrado y presidente del TSJ, José Antonio Revilla hizo pública una denuncia contra Bad Flores Arancibia y otros, por realizar cobros de hasta 500 dólares para acceder a puestos de trabajo en ese alto tribunal. Revilla dijo que una persona fue sentenciada, pero no dio más detalles del caso.
Fuente: Correo del Sur
