Tiene el alias de “Kevin”. Es un expolicía de apellido Romero que se asentó en la ciudad de Oruro y desde ahí domina parte del negocio del contrabando que llega desde Chile. Lo mismo hace “Susana”, otra expolicía de apellido Padilla que lidera otra banda que introduce mercadería ilegal a Bolivia. Ambos tienen estrecha coordinación con actuales uniformados policiales y militares y se enfrentan porque intentan captar con sobornos a más efectivos que permitan fácilmente el ingreso de sus cargamentos al país.
“El transporte de la mercadería de contrabando en Oruro, se encuentra bajo absoluto control de Romero, quien se encarga de contactar a los transportistas ilegales, exigirles sumas importantes de dinero, y posteriormente, corromper autoridades policiales y militares para que faciliten el tránsito de camiones cargados con mercadería de contrabando”, dice un informe militar.
El documento, al que tuvo acceso EL DEBER, detalla que “Romero”, alias Kevin, tiene “tres contactos” en filas policiales. Uno tiene el apodo de “Chichi”, a otro le dicen “Chelo” y al tercero lo llamas “Durazno”. “Estos sujetos se dedican a tomar contacto con funcionarios militares y policiales clave, con la finalidad de corromperlos mediante el ofrecimiento de fuertes sumas de dinero a cambio de permitir el paso de los camiones con mercadería de contrabando”, establece el informe.
Además, el documento añade que Romero trabaja con su hermano en los negocios de contrabando. Ambos operan con una empresa de transporte pesado en Oruro y en los camiones de esta compañía introducen la mercadería ilegal desde la frontera con Chile. Por lo general, introducen electrodomésticos, línea blanca, teléfonos celulares, ropa nueva y perfumes de lujo.
Este informe también detalla que el contrabandista fue oficial de policía hasta marzo de 2018 y que en su carrera policial tuvo dos demandas en su contra: una por conducir en estado de ebriedad y ocasiones lesiones leves en un accidente y otra por violación y lesiones graves. Por esta última fue dado de baja en la institución verde olivo, pero la justicia ordinaria le dio libertad.
En otro documento militar que fue publicado por este medio en abril, se muestra a una red de policías que tienen contactos con clanes familiares que operan con el contrabando. El informe revela desde coroneles hasta suboficiales estarían involucrados con las mafias de contrabandistas.
Además, en el texto militar se muestra que los policías pagan a sus superiores determinadas sumas de dinero para ser destinados a zonas rojas del contrabando con el fin obtener dinero proveniente de las mafias dedicadas al transporte de mercadería ilegal.
La Policía Boliviana anunció un trabajo permanente contra el contrabando en distintas fronteras y anunció una investigación para determinar si los clanes están vinculados con uniformados, ya sean militares o policiales.
El comandante de la Policía Boliviana, general Jhonny Aguilera, reconoció que se debe generar mecanismos de control eficiente para combatir el contrabando. La autoridad policial recordó que se emplearon “sendos dispositivos” para prevenir que ningún funcionario esté vinculado a este tipo de delito y dijo que aquel funcionario que cometa estas faltas “es de carácter personal”.
“(Si algunos policías están en actos ilegales) son absolutamente personales”, sentenció Aguilera, quien añadió que, como comandante policial, al conocer información de policías vinculados al contrabando, activa los grupos para perseguir a funcionarios que cometen las faltas.
Segundo caso
El segundo caso se trata de la expolicía de apellido Padilla. Ella tiene el alias de “Susana” y también radica en la ciudad de Oruro. En el informe militar se destaca que Padilla tiene un hermano en la Policía Boliviana y que él es uno de los nexos para evitar los controles de su mercadería ilegal.
“Padilla se encarga de contactar a los choferes de los camiones que son empleados para transportar mercadería de contrabando de Chile a Bolivia, particularmente a los que transportar mercadería de contrabando hacia La Paz, ofreciéndoles protección tanto de policías como de militares, para que sus cargamentos ingresen al país sin mayores contratiempos”, dice parte del documento.
En este estudio se detalla la ubicación del domicilio de Padilla y también muestra los bienes que tiene en su poder. Entre ellos dos vehículos de alto costo: una camioneta Toyota Hilux modelo 2021 y una vagoneta Toyota Land Cruiser modelo 2016.
Además, tiene otras viviendas en la ciudad de Oruro. Dos de ellas las da en alquiler y una es utilizada como depósito de la mercadería que introduce de contrabando.
Ya en 2019 se dio a conocer que un centenar de policías de Oruro estaban implicados en una estructura ilegal que, en complicidad con civiles, permitían el ingreso de contrabando. Este caso llegó a salpicar a miembros del Comando de la Policía Boliviana.
Se conoció el caso del excoronel Rommel Raña, quien era comandante de la Policía en Oruro y que era la cabeza de una red de contrabando. Fue detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz y en 2019 fue beneficiado con detención domiciliaria.
En el “diagrama de enlaces del contrabando La Paz y Oruro”, que está inmerso en el informe militar, se muestra a los dos expolicías enfrentados por dominar el negocio del contrabando debido a que ambos introducen la misma mercadería ilegal desde Chile.
En ambos casos trabajan con empresas de transporte y tienen allegados en la Policía. Por el momento, según el documento, hay diez uniformados investigados -entre militares y policías- por estar vinculados con estas redes.
Además de estas dos redes lideradas por expolicías, existen otros tres clanes familiares dedicados a la mafia del contrabando en el departamento de Oruro. Estas familias también tienen nexos con policías y militares y en la actualidad es la segunda generación la que dirige las operaciones. Challapata volvió a ser el cuartel de estas mafias, aunque todos sus lujos y sus patrimonios están concentrados en la capital orureña.
En otro informe militar se revela que los clanes “Colque-Herrera”, “Arce-Arias” y “Mamani-Nina” son las bandas que realizan el ingreso de contrabando desde la República de Chile. Sus líderes tienen operaciones en la frontera y tienen casas en la localidad chilena de Pisiga Choque.
Tomado de El Deber
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