El Gobierno nacional convocó este martes a una cruzada para que los casos de pederastia no queden en la impunidad y los responsables y encubridores sean sancionados.
El llamado lo realizó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ante las denuncias que salen a la luz pública tras revelarse el caso del jesuita pederasta Alfonso Pedrajas, quien confesó en su diario que abusó de más de 85 menores de edad.
“Hay que darle fuerza, hay que darle atención, estamos hablando de nuestros niños, de nuestras niñas, ¿y quién va a hablar por ellos? ¿quién va a defender sus derechos?”, cuestionó la viceministra.
Alcón explicó que es responsabilidad de todos los órganos del Estado visibilizar y atender a las víctimas de estos ilícitos, pero también de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
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“Yo les digo a ustedes, como periodistas, puede que la cabeza, puede que los propietarios focalicen su atención en otros temas, está bien, pero este tema es muy importante porque tiene que investigarse, tiene que avanzar y no podemos permitir en adelante que se cometan estos delitos y que queden en la impunidad”, desafió.
Precisamente, el proyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes, elaborado por el Gobierno y remitido a la Asamblea Legislativa, apunta a que este tipo de delitos sean imprescriptibles y sean castigados penalmente independientemente del tiempo que haya transcurrido.
El artículo 2 del proyecto normativo cita de manera precisa que “son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena, los delitos previstos en el título 9 (delitos contra la libertad sexual del Código Penal, elevado a rango de ley por la Ley 1768), cuyas víctimas sean infantes, niñas, niños o adolescentes”.
Además, la propuesta plantea agravar la pena por el delito de encubrimiento de los mismos, con sentencias que podrían llegar a los ocho años de privación de libertad de acuerdo con la gravedad del delito encubierto.
A la par, establece un conjunto de acciones de protección a las víctimas que serán aplicadas por todas las entidades del Estado.
La iniciativa señala, en su artículo tercero, que mínimamente se deberá proporcionar de “carácter gratuito: a) información y asesoramiento de acuerdo con el grado de madurez de la víctima; b) patrocinio legal; c) facilitación y acompañamiento; d) tratamiento sicológico y siquiátrico especializado con perspectiva de género y niñez y e) asistencia médica”.
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Y para investigar estos hechos, se plantea conformar una “Comisión de la Verdad” que estará integrada por los ministerios de la Presidencia, Justicia y Gobierno; los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores; del Fiscal General del Estado, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, además de representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.
La propuesta legal fue elaborada por el Gobierno ante los hechos “aberrantes” y “no errores” – como dijo en su presentación la ministra de la Presidencia, María Nela Prada – cometidos por el jesuita español Pedrajas en contra de más de 85 menores de edad que estudiaban en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba, administrado por la Compañía de Jesús.
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El propio Pedrajas confesó en su diario las violaciones y abusos sexuales que cometió, encubierto por el silencio de sus superiores de la Compañía de Jesús, según reveló el periódico español El País.
De acuerdo con un nuevo reporte publicado el domingo por el medio español, Pedrajas, apodado ‘Pica’, no habría sido el único sacerdote que abusó de estudiantes del Colegio Juan XXIII.
Basado en testimonio de una víctima, El País reveló que el sacerdote jesuita Francesc Peris, apodado ‘Chesco’, que antes de llegar al colegio Juan XXIII de Cochabamba había sido docente en el colegio de los jesuitas de Caspe-Sagrado Corazón de Jesús, en Barcelona, abusaba de las estudiantes, metiéndose en la cama por las noches, como también lo hacía ‘Pica’.
Además de él, la publicación menciona al jesuita Carlos Villamil, conocido como ‘Vicu’. En ambos casos, se denunció que abusaron sexualmente de niñas durante los años ochenta, reportó el diario español.
A estos tres jesuitas se suma Luis María Roma Padrosa, quien, según una publicación del diario Página Siete, tenía un archivo de fotos y videos de los abusos que cometió en contra de niños y niñas de 6 a 12 años de edad en Charagua, Santa Cruz.
“Hay una serie de declaraciones que salen en redes sociales o en la prensa, ustedes hermanos (medios de comunicación) están siendo bastante claros en ello”, destacó procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
Hasta la pasada semana, el Ministerio Público recibió ocho denuncias de pederastia contra religiosos en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.
Según una recopilación de la revista digital feminista Muy Waso, hay 23 sacerdotes denunciados por abusos sexuales. La mayoría de estos delitos se cometieron en contra de niñas, niños y adolescentes. Pero en la lista también hay denuncias de mujeres y hombres adultos.
“El conteo de las víctimas con denuncias comprobables alcanza las 200 personas. Los principales pederastas tienen a niñas y niños agredidos por decenas, de manera sistemática. Lastimosamente estos casos son los más ocultados por la Iglesia Católica boliviana”, se lee en la publicación.
Alcón advirtió que “no podemos naturalizar y permitir que esto quede en la impunidad, tiene que investigarse”.
ABI
