En los penales del país hay 171 presos que continúan tras las rejas, pese a que ya cumplieron sus condenas. Este grupo contribuye a las elevadas cifras de hacinamiento carcelario, que registra aglomeraciones que superan el 300% de la capacidad en casos como el los penales que se encuentran en Santa Cruz.
Ante ello, el Gobierno proyecta bajar esos niveles con medidas progresivas que justamente comenzarán con la agilización de trámites y procedimientos judiciales para lograr que estos 171 reclusos recuperen su libertad, ya que cumplieron con el castigo impuesto por la sociedad por los delitos que cometieron.
“Vamos a comenzar a liberar a 171 presos que han cumplido sentencia y que todavía están dentro de la cárcel. Tienen sentencia y están dentro de la cárcel, eso es ilegal. No pueden estar ahí. Estamos haciendo todos los trámites para que salgan, sin que eso les cueste ningún recurso, ningún esfuerzo, ni contratar abogados para los presos”, anunció el viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas.
Explicó que no salen porque no pueden cumplir con temas administrativos que tienen que gestionar fuera del penal con un abogado. Dijo que Defensa Pública debería hacer esto, por lo que anunció un encuentro con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez, “para que antes de fin de año podamos sacar a estas personas”.
Egüez anticipó que hay plena disponibilidad del TSJ de coadyuvar en esta tarea para reducir el hacinamiento carcelario.
Rodas dijo que otro grupo con el que se trabajará en lo inmediato para bajar los niveles de hacinamiento es el que comprende a los beneficiarios del decreto de indulto (para los que tienen sentencia) y amnistía (para los que están en proceso), que comprende a reclusos de la tercera edad o a los que parecen enfermedades crónicas de base.
Explicó que la proyección era que se beneficien 2.500 reclusos, pero solo lo hicieron 700. Anunció ajustes al decreto para que el alcance de la amnistía sea mayor en el tipo de delitos, pero además el Estado se haga cargo de los exámenes para los enfermos crónicos. Consideró que unos 2.000 reclusos podrían ser beneficiados en los primeros meses del próximo año.
“El decreto que planteamos ahora, primero es que abra un poco más el grupo etario, que no lo reduzca a la tercera edad, y, segundo, que amplía un poco más el número de delitos. Estamos siendo cuidadosos con los delitos que representan alta peligrosidad para la sociedad. Además, estamos aplicando responsabilidad del Estado en el procedimiento”, explicó en declaraciones a la red UNO.
Otro grupo en el que se trabajará, según la autoridad, es el de las personas que cumplieron los plazos procesales y continúan con detención preventiva. Dijo que el 65% de la población carcelaria está constituido por reclusos con detención preventiva.
“Lo pueden detener preventivamente a uno, pero solo puede estar un determinado tiempo. Hay personas que están años en la cárcel y nunca han vuelto a estar en una audiencia de revisión de medidas cautelares. ¿Cómo puede ocurrir eso?”, cuestionó.
El viceministro también se refirió a la implementación del proyecto piloto sobre el uso de manillas electrónicas para contribuir a la reducción del hacinamiento carcelario. Dijo que se prevé ponerlo en marcha en el primer trimestre de 2021 con medio millar de estos equipos, que serán puestos a reclusos, a quienes se podrá realizar un seguimiento de sus labores diarias fuera del penal.
También anunció que se gestiona la construcción de una nueva cárcel en Santa Cruz y otra en Chuquisaca y anunció para enero la entrega de un nuevo penal en Riberalta, Beni. A ello se suma la entrega de un pabellón para 300 reclusos en el penal de Montero, en Santa Cruz.
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